El Seprona imputa también a dos ingenieros, uno municipal y otro jubilado de la Diputación de Pontevedra
30 jul 2010 . Actualizado a las 02:40 h.La Guardia Civil investiga un caso de facturas falsas emitidas por obras no realizadas en el Concello de Nigrán. En los últimos días, agentes del Seprona detuvieron al concejal Antonio Fernández Comesaña y al ingeniero municipal, Antonio Pérez Collazo. Están imputados por supuestos delitos de fraude, aunque ya se hallan en libertad. De hecho, el edil acudió ayer al pleno celebrado en Nigrán. En el caso también aparece como imputado Rafael Llano de la Concha, ingeniero jubilado de la Diputación de Pontevedra. El Seprona le imputa desde ayer un supuesto delito de tráfico de influencias.
El caso se refiere a unas facturas del año 2007. Fernández Comesaña (de Unión de Centristas por Nigrán, UCN) es ahora concejal de la oposición, pero entonces era miembro del gobierno local, como delegado de nuevas infraestructuras. Según se desprende de la investigación, el entonces concejal del gobierno emitió seis facturas que sumaban 53.000 euros por la ejecución de unos trabajos que nunca se ejecutaron.
Fuentes de la investigación, municipales y provinciales vinculan a Rafael Llano de la Concha con la propiedad de la empresa Alvac. Esa sociedad reclamó al Ayuntamiento el pago de los 53.000 euros por la redacción de proyectos de urbanización, instalaciones, obras de ocupaciones y expropiaciones y por un levantamiento topográfico realizado en la calle Manuel González Prado, todo ello previo a las elecciones municipales del 2007.
En el mes de enero de este año, el Concello, controlado ahora por el PSOE, decidió no pagar las facturas que reclamaba Alvac. Las autoridades locales observaban que las facturas no habían sido firmadas por ningún técnico y puso el caso en manos de la Fiscalía. Además, las obras no habían sido realizadas, según advertía el Ayuntamiento.
En función de aquellas facturas, la empresa Alvac solicitaba el pago de 10.000 euros por la obra de ocupaciones y expropiaciones de la primera fase en la parroquia de San Pedro, otros 10.000 por el «proyecto de instalaciones, primera fase», 12.000 más por la redacción del proyecto de urbanización de la calle Manuel Pablo (que no existe) y tres facturas más de 7.000 euros en concepto de expropiaciones, instalaciones y levantamiento topográfico.
La polémica
El actual concejal responsable de hacienda de Nigrán, Juan González, dio orden de no pagar aquellas facturas porque consideraba que se referían a trabajos no finalizados. En su día, el edil Antonio Fernández Comesaña había asegurado que los proyectos sí que existían y que llevaban tres años en las dependencias municipales.