La RAG critica que el decreto «no se sustenta en una mejor organización del proceso pedagógico, sino únicamente en promesas electorales de dudosa legalidad».
23 jul 2010 . Actualizado a las 15:27 h.La Real Academia Galega ha anunciado hoy que ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el decreto del plurilingüismo de la Xunta, que regula, entre otras cuestiones, la presencia del gallego en la enseñanza obligatoria. Según apunta la RAG en un comunicado, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha sido informado previamente de esta decisión «por motivos de transparencia y de lealtad institucional».
El recurso presentado se fundamenta en el informe elaborado por varios académicos en enero, en el que se alertaba del retroceso que podría producir la aplicación de la nueva normativa en el proceso de normalización de la lengua gallega «El recurso está inspirado en la filosofía del documento que presentamos cuando se dio a conocer el anteproyecto», ha explicado a Efe en secretario de la RAG, Xosé Luis Axeitos.
En su dictamen, la RAG criticaba que el decreto «no se sustenta en una mejor organización del proceso pedagógico, sino únicamente en promesas electorales de dudosa legalidad y que, por esta razón, no parecen validables por las urnas».
Asimismo, informaba de que «infringe la legislación vigente y la jurisprudencia emitida por los altos tribunales».
Axeitos ha criticado, además, que la Xunta no ha tenido en cuenta a la Academia durante el proceso de redacción de la nueva normativa.
El decreto, aprobado el pasado mes de mayo, estará en vigor el próximo curso y prevé la consulta a los padres en la etapa de educación Infantil, tras el dictamen del Consello Consultivo que «veía falta de cobertura legal» en la consulta a los padres en las etapas de educación Primaria y Secundaria.
El decreto garantiza, según el Gobierno gallego, el «equilibrio» entre gallego y castellano, introduce la enseñanza «progresiva» de una lengua extranjera y «garantiza la libertad de profesores y alumnos», así como la participación «máxima posible» de las familias en la educación de sus hijos.
Este decreto derogó el anterior, aprobado en 2007 por el Ejecutivo de coalición entre el BNG y el PSdeG y que preveía la enseñanza en gallego en un mínimo del 50% de asignaturas.