El decreto del plurilingüismo trae polémica en cualquiera que sea su aplicación. La obligación de comprar nuevos libros para adaptarse a esta norma ha generado una serie de críticas entre oposición y sindicatos. Los nacionalistas calificaron de «despilfarro» el tener que renovar manuales que aún tendrían dos años de vida mediante el modelo de préstamo, mientras que la CIG-Ensino sostiene que la Xunta está dispuesta a malgastar entre cinco y ocho millones de euros para cambiar el material «e reducir a presenza do noso idioma».
El sindicato STEG, por su parte, calificó la encuesta remitida a los centros para que los padres elijan la lengua materna de sus hijos en la etapa de infantil de «chapuza feita cun desinterese cara á pedagoxía e á nosa lingua. Abonda con comparala cos cuestionarios que desde moitos centros educativos se realizaron, con carácter científico, para coñocer a realidade sociolingüística».
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