La Fiscalía ve un riesgo y un problema en la excesiva burocratización del urbanismo local, mientras la oposición extiende las sospechas a otros concellos y cargos del PP
06 jun 2010 . Actualizado a las 02:00 h.¿Es la petición de favores una práctica habitual en la gestión del urbanismo local? ¿Pueden surgir más casos de extorsión en los concellos gallegos? Los abogados de los dos ediles del Partido Popular declarados culpables por pedir dinero a cambio de favores urbanísticos en Gondomar fueron claros al asegurar ante el tribunal que probablemente había más personas implicadas en la trama. Mientras, la oposición ha empezado a sembrar la sospecha de que estas prácticas ilegales tuvieron que ser conocidas por dirigentes del PP.
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¿Cómo es posible que se exija dinero por desarrollar proyectos legales e incluidos en el Plan General?
Los tres proyectos urbanísticos objeto de extorsión en Gondomar eran legales, y estaban contemplados en el Plan General, aunque abiertos a mejoras para ganar edificabilidad y densidad. Esas consideraciones fueron objeto de convenios aceptados por los redactores del plan y firmados por el alcalde. Pero sus promotores recibieron presiones para obligarles a pagar a cambio de no frenar burocráticamente el inicio de las obras. El pago era un seguro.
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¿Había garantías suficientes para evitar la discrecionalidad de los imputados?
Si una de las empresas no hubiera denunciado, evidentemente no se habría conocido la trama. Pero el fiscal del caso, Juan Carlos Aladro -especializado en ordenación del territorio-, indicó en el juicio que casos como el de Gondomar surgen por las dificultades que genera la normativa urbanística. «El urbanismo municipal es complejo y excesivo. Tiene demasiada norma que cumplir y por ello, a río revuelto, ganancia de pescadores, que son siempre los que más información y conocimientos tienen. Es un problema de este país», dice el representante del ministerio público.
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¿Por qué tiene tanto valor la información de los cambios urbanísticos?
El fiscal recalca que la norma básica en la elaboración de un plan es el silencio de los que lo elaboran y participan políticamente en su diseño, para que no se eleve el precio del suelo o se saque beneficio de la compra a bajo precio de terrenos inicialmente poco útiles y que van a mejorar con el plan.
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¿Es una práctica común la petición de dinero?
«Es conocido que hay políticos que piden dinero por hacer cosas que son legales», dijo ante el jurado el administrador de la promotora que denunció la trama de Gondomar. Igual se expresó desde Valencia un buscador de suelo para grandes superficies, que de su mano iba a llevar a la villa pontevedresa un gran complejo liderado por Mercadona, «aunque en este caso pensé que era para hacer algo para el ayuntamiento», dijo. «A los compradores les cuesta decir la verdad, porque pueden estar cometiendo un delito y por eso se defienden como campeones», manifestó Aladro.
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¿Hay sospechas de más implicados o situaciones similares en otros concellos?
José Muñoz, abogado del arquitecto declarado culpable, aseguró que sí, al indicar que en el banquillo de los acusados faltaban personas, a las que no identificó. Jesús Lorenzo Cuervo, abogado del edil de Urbanismo, no consideró casual que se hubiesen intervenido los teléfonos del arquitecto «porque este asunto no se acaba en Gondomar, tiene muchas ramificaciones», que el letrado extendió al menos a la comarca de O Val Miñor.
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¿Hay implicaciones políticas?
Fernando Rubianes, abogado del edil de Cultura, mantiene que el dinero era para el PP y para mantener la escisión del PSOE, que hoy está en el Gobierno local. Por eso, el BNG asegura que la operación no fue casual y que sobre ella se asienta el gobierno que sustituyó con una censura al regidor nacionalista elegido tras descubrirse la trama de Gondomar. El PSOE va más allá. Su secretario de Organización, Pablo García, dice que el caso tenía que ser obligatoriamente conocido por más cargos del PP, mientras se pregunta «a cantos promotores máis lle ten pedido diñeiro o PP».