Las estimaciones más realistas cifran el coste para Galicia en unos 20 millones
27 may 2010 . Actualizado a las 02:00 h.. Después de más de una década de sesudos debates en el seno de un sinfín de comisiones creadas ad hoc , llegó la hora de la verdad. El pasado día 4 fue el día D de la nueva oficina judicial, con la entrada en vigor de las reformas procesales imprescindibles para hacerla viable.
Desde ese día el colapso y el desconcierto en los juzgados gallegos es la tónica dominante. Falló, una vez más, la tecnología. Minerva Noj, la aplicación clave del sistema, vuelve locos a los funcionarios. «Ataca a los documentos y pone el encabezado en el pie de página o en el medio, en muchos puestos de trabajo impide acceder al sistema de gestión procesal, hay documentos que desaparecen por arte de magia o pone a cero los contadores de asuntos», relatan los trabajadores cuando se les pregunta por el tema.
Algunos de los problemas que han ido apareciendo los han resuelto, en la medida de sus posibilidades, los técnicos de la Administración gallega. Otros los tienen que resolver desde Madrid. Y todo ello, según explica el director xeral de Xustiza en la entrevista adjunta, porque el ministerio les mandó la nueva versión del famoso Minerva, pero no las fuentes del programa, que permitirían corregir in situ los fallos detectados.
Pero la nueva oficina judicial, según Enrique González, representante del Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO), va mucho más allá del nuevo programa informático. «Es -explica- un nuevo sistema de trabajo, la mayor transformación de la historia de la Justicia en este país, pero su aplicación en estos momentos es inviable por falta de dinero». El portavoz de SPJ-USO cree que la nueva oficina «como filosofía de trabajo está bien, pero los funcionarios más veteranos no lo ven así y todo esto les genera mucha incertidumbre».
De las tareas pendientes, una de las más arduas es la reclasificación de los puestos de trabajo, de la que dependerá la parte del sueldo que los sindicatos tienen que negociar con la Xunta, porque el resto del salario viene determinado por los Presupuestos Generales del Estado.
Los representantes de los trabajadores consideran ficticias las actuales plantillas, al menos en Galicia, ya solo tres de cada diez puestos de trabajo están cubiertos por funcionarios. El resto son interinos.
Según el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, la implantación plena de la nueva oficina judicial en Galicia le va a costar a la Xunta más de 20 millones de euros. En los tiempos que corren la cuestión está en saber de dónde van a salir.