Piden dos años de cárcel para el ex alcalde de Gondomar por posible falsedad documental

GALICIA

La Fiscalía también solicita dos años de inhabilitación por certificar obras ilegales

15 abr 2010 . Actualizado a las 02:00 h.

La Fiscalía pide dos años de cárcel para el ex alcalde de Gondomar y actual concejal y diputado provincial Carlos Silva Mariño por un presunto delito de falsedad documental. El escrito de acusación del ministerio público también solicita para este representante político su inhabilitación para ocupar cargos públicos también durante un período de dos años.

Afirma la Fiscalía que durante el tiempo que ocupó la alcaldía de Gondomar, al menos en tres ocasiones firmó documentos para certificar que sobre determinadas construcciones no había incoados expedientes de reposición de la legalidad urbanística.

Dichos documentos eran posteriormente utilizados por los beneficiarios para formalizar escrituras notariales de obra nueva referente a las viviendas en cuestión. Pero el Seprona pudo averiguar que se trataba de viviendas realizadas sin licencia.

El imputado firmó en todos los casos en un folio en el que constaba el membrete del Ayuntamiento de Gondomar con la indicación expresa de la condición de alcalde de su autor, de espaldas a la secretaría general del Ayuntamiento y obviando el trámite de registro de todos los documentos oficiales.

Este comportamiento del alcalde es constitutivo de un delito de falsedad documental de certificados que está tipificado en el Código Penal.

Juicio en mayo

El juicio se celebrará el próximo mes de mayo en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo. Carlos Silva Mariño tendrá que sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados, después de que en diciembre del 2008 fuera también condenado a pena de cárcel e inhabilitado por prevaricación urbanística. Se mantiene en la política activa y con dedicación exclusiva en la Diputación Provincial de Pontevedra hasta que exista una sentencia definitiva.

La nueva imputación ha escandalizado a la oposición de Gondomar. Los portavoces del BNG han pedido al presidente provincial, Rafael Louzán, que lo cese de todos los cargos y remuneraciones, así como que también renuncie a su acta de concejal.