Un grupo de letrados instan a la Fiscalía a investigar el cobro de kilometrajes en el Parlamento
GALICIA
Sostienen que pudo haber delitos de apropiación indebida
05 mar 2010 . Actualizado a las 09:21 h.A la polémica desatada en el Parlamento gallego en relación al cobro irregular de las dietas de kilometraje se le abrió ayer un nuevo frente judicial -el segundo-, después de que la ex diputada socialista Laura Seara presentara una demanda de conciliación contra el PP tras ser acusada por este partido de «estafar» a la Cámara unos 58.000 euros por viajes realizados de forma antirreglamentaria. Un grupo de abogados registraron a su vez un escrito en los juzgados de Santiago en el que emplazan a la Fiscalía a abrir una instrucción judicial que determine las responsabilidades que se pueden derivar «por la percepción indebida de importantes cantidades provenientes de fondos públicos».
El escrito fue registrado el pasado 23 de febrero en el Juzgado de Instrucción número 2 por los letrados Marcos Diéguez, Iván Núñez Amor y Elías Lamelas Fariña, quien también es cónsul honorario de Filipinas en España. En el mismo manifiestan su disposición a presentar una denuncia por supuestos delitos de «malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental» contra el Parlamento y los diputados salpicados por el escándalo de los kilometrajes.
Los denunciantes ponen de relieve que existen «indicios» fundados sobre el cobro irregular de las dietas de desplazamientos por parte de varios parlamentarios, dado que «algunos vienen residiendo -señala el escrito- en lugares distintos a los que efectivamente le consta a la Mesa del Parlamento», pese a lo cual los servicios de la Cámara, razonan, les abonan dichos gastos «sin justificación de ninguna clase».
Condición de aforados
«Lo que queremos es que se produzca una actuación de la Fiscalía», manifestó Marcos Diéguez, quien no obvió la condición de aforados de los diputados autonómicos, que en caso de presentar contra ellos una querella criminal solo pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. «Es verdad que son aforados -dijo Diéguez- y que cualquier investigación en este sentido debería recaer en el Superior, pero para empezar a instruir el caso se puede hacer en Santiago».
Los letrados firmantes del escrito también aluden de forma puntual al caso del diputado y portavoz del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, que fue el único que admitió públicamente haber cobrado de forma irregular una parte de sus desplazamientos, por lo que accedió a devolver parte del dinero a las arcas del Parlamento. «La conducta de Miranda va más allá de una mera irregularidad administrativa», señala este grupo de abogados, que entienden que, a la postre, estos hechos pueden ser constitutivos «de los delitos de malversación de fondos públicos, apropiación indebida y falsedad documental».
En cuanto al otro caso de presunto cobro irregular, el de la socialista Laura Seara, no había salido a la luz cuando se presentó el escrito, motivo por el cual no se incluyó en el mismo. «Lo ocurrido en el Parlamento es escandaloso», valoró Marcos Diéguez, que cree que ante hechos de esta naturaleza la Justicia, especialmente la Fiscalía, no puede cruzarse de brazos y permanecer impasible.