La CIG acusa a Traballo de contratar irregularmente una firma afín al PP y la Xunta defiende la legalidad del proceso

La Voz

GALICIA

04 feb 2010 . Actualizado a las 02:00 h.

La Confederación Intersindical Galega (CIG) mantiene una guerra abierta con la Consellería de Traballo. A las movilizaciones en el Consorcio se suma ahora una denuncia efectuada ayer por el sindicato nacionalista, en la que acusan al departamento de Beatriz Mato de contratar de forma ilegal a 60 personas para manejar expedientes de la ley de dependencia. Según la CIG, estos empleados pertenecen a Plexus S.?L., una firma afín al PP, que trabajó con la Xunta en la época de Fraga y a la que se ha adjudicado la web del Xacobeo.

El sindicato entiende que es una cesión ilegal de trabajadores y que estas funciones deberían desarrollarlas funcionarios de las listas de sustituciones. Además, la CIG ha anunciado que está estudiando la posibilidad de presentar una denuncia en la Agencia de Protección de Datos porque se trata de personal que trabaja con expedientes muy sensibles.

El departamento que lidera Beatriz Mato reaccionó ayer de inmediato y acusó a la organización nacionalista de falsear la realidad y de hacer el ridículo. Según su versión, la Xunta ha contratado a cerca de un centenar de trabajadores en Dependencia para agilizar la tramitación: 40 son vacantes de personal funcionario y laboral y de dependencia, y 60 -a los que se refiere la CIG- se contrataron de forma temporal (un mes y medio) en una asistencia técnica para mejorar la aplicación informática y agilizar la tramitación de expedientes.

«A empresa contratada está sometida á Lei de Protección de Datos e os seus empregados non realizan funcións de personal laboral e funcionario: é como se nunha empresa se contrata un novo programa informático e en lugar de que o instale a firma adxudicataria se pide ese traballo á plantilla; sería absurdo», precisaron ayer desde Traballo e Benestar.

La consellería califica de disparatado que se les acuse de una cesión ilegal de trabajadores cuando se trata de un contrato temporal con un fin determinado: agilizar el proceso de tramitación de los más de 6.000 expedientes que entrarán antes del primer cuatrimestre en el sistema. «Metemos máis de 60 millóns de euros para axilizar a xestión e precisabamos facer uns cambios informáticos», señalaron desde la Xunta.

El Gobierno gallego recuerda que la asistencia técnica no entra para nada en el tratamiento de los expedientes ni en el proceso de valoración y de resolución, funciones que quedan reservadas al personal laboral y funcionario, tal y como marca la normativa.