prestige Los peritos también recortan las reclamaciones de cientos de afectados por el «Prestige»

El drástico recorte de los peritos judiciales a las reclamaciones por los daños del caso Prestige no solo afecta al Estado, que verá reducida en al menos 468 millones su valoración del impacto económico de la catástrofe. Cientos de afectados que no pactaron el adelanto de las indemnizaciones con la Administración y continúan personados en la causa han sufrido también reducciones considerables en la tasación de los daños que aseguran haber sufrido, según ha podido saber La Voz.

Los mismos problemas que se encontraron los peritos con la factura del Estado aparecieron en las reclamaciones de particulares y sociedades afectadas por el vertido, aunque quizás de forma más agudizada en el caso de los damnificados de los sectores profesionales que sufrieron el accidente. En estos casos, aunque asesorados por sus abogados, la acreditación de daños es si cabe más compleja, pues a menudo no se toma la precaución de guardar la documentación probatoria de los efectos del vertido en sus economías.

Aunque también existe la picaresca y los gastos inflados, el principal problema con el que se encontraron los peritos fue el de contrastar si efectivamente los daños que eran verosímiles estaban respaldados documentalmente. En muchos casos, la respuesta fue negativa.

Los abogados que representan a los afectados están a la espera de tener en su poder la prueba pericial -las partes aún no habían recibido ayer los dos mil folios del informe- para ver cómo responden a un tijeretazo que, de una u otra forma, ya intuían, pues preveían la eventual influencia en el peritaje de los técnicos del Fondo Internacional de Indemnización de Daños por Contaminación de Hidrocarburos (Fidac). «Si se han guiado por el manual de reclamaciones del Fidac, está claro que la valoración va a ser muy restrictiva y no la vamos a aceptar», aseguraba ayer Alberto Muñoz, uno de los letrados que sigue representando en la causa a afectados que se negaron a firmar el acuerdo con el Gobierno con el que se adelantaba el pago de las indemnizaciones. Algunos abogados presentarán alegaciones en los próximos días y otros esperarán a la vista oral, que previsiblemente empezará después del verano.

En su momento, el Fidac reclamó a la jueza que instruye el caso que se trasladara a los peritos sus criterios sobre la valoración de daños, basados en dos convenios internacionales que España ha incorporado a su legislación. Esto fue contestado por representantes de los afectados como Alberto Muñoz, que alertó del «rigor interpretativo» de estas normas y abogó por utilizar el Derecho interno español, «infinitamente más generoso y abierto a la hora de establecer indemnizaciones», aseguraba en su escrito.

Varapalo al Estado

Ningún portavoz oficial del Gobierno central quiso comentar ayer el amplio recorte que los peritos judiciales han imprimido a su reclamación en el juzgado de Corcubión, que en lo que respecta a los gastos de los diecisiete ministerios del Ejecutivo de Aznar se valoraba en 608,2 millones de euros y que finalmente se queda en solo 140,6. Tanto el Ministerio Fomento como el de Justicia esgrimieron que aún no tenían en su poder la prueba pericial.

En cualquier caso, el informe económico ha descolocado aún más la estrategia del Estado en el caso Prestige , pues se suma a la imputación del ex director general de la Marina Mercante. Está claro que la Administración deberá replantearse la tasación de sus daños, con el obstáculo añadido de que el equipo que coordinó la reclamación económica desapareció con la supresión del Centro para la Prevención de la Contaminación (Cepreco) con sede en A Coruña.