La amenaza de la demolición pende sobre veinte casas tras anularse sus licencias
20 ene 2010 . Actualizado a las 11:34 h.«Fue el día más duro de mi vida, por la impotencia e indefensión que sufrimos, no creo que se pueda explicar con palabras». Tomás Martínez González es uno de los vecinos de A Guarda a quienes la Justicia privó de su casa a finales del año pasado por un fallo de la Administración. Pero el calvario continúa para los dueños de las casas ya demolidas, que inician una larga batalla judicial, con cargo a su bolsillo. Y para quienes tienen las otras 18 licencias, conseguidas en su momento con todas las de la ley, pero sobre las que ya apremian otras doce órdenes de derribo.
Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza resolvió en enero del 2007 que 21 licencias, concedidas entre 1999 y el 2001 por tres alcaldes distintos, eran nulas por estar «en suelo no urbanizable de interés paisajístico». Un proceso judicial que dirimieron durante años Xunta y Concello, y del que sus principales afectados, los propietarios, nunca supieron. Algunos, hasta que llegó el primer contencioso que, en el 2003, dio la razón al Concello sobre siete licencias, y a la Xunta, sobre otras catorce. Otros se enteraron cuando el Concello paró las obras tras tres requerimientos de la Xunta. Pero hay quien desconocía la situación hasta que vio la sentencia que anuló las licencias.
En ese último caso están Luciano Vázquez y Áurea Álvarez, a quienes les vendieron una casa, ya construida, en el 2005. Aseguran que ni la inmobiliaria ni el anterior dueño les informaron de nada irregular, y tienen los documentos oficiales, visados por el notario y por el registro de la propiedad. En este último consta que «la propiedad no se halla afectada por hipotecas, cargas ni gravámenes de clase alguna».
«No sabíamos nada, compramos y fuimos engañados, posiblemente por todos», afirman explicando que incluso cuando hubo los cambios de titularidad de la contribución, el agua o el saneamiento, tampoco nadie los alertó en el Ayuntamiento. Su intención, como la de los demás afectados es «agotar todas las vías para salvar nuestra vivienda. Pedimos humildemente a la Xunta que colabore con el Concello y dé una solución, la culpa no es de un solo partido, porque 19 de las licencias las dio el PP y las otras 2, el PSOE», apelan.
Los afectados denuncian su indefensión: «Si nos hubieran avisado en el 2001 del primer requerimiento de la Xunta muchas obras no se habrían iniciado». A eso se le suma ahora «la falta de información», explica el presidente de la plataforma que han constituido, José Ángel Verde. En diciembre presentaron unas propuestas al Concello, y «aún no nos han contestado ni notificado nada, nos enteramos por la prensa», denuncian. «Xunta y Concello son como un matrimonio mal avenido, se enzarzan en la pelea en vez de atender a sus contribuyentes, solo queremos que asuman su responsabilidad y nos indemnicen», dice Verde.
El alcalde, José Manuel Domínguez Freitas, confirma que se han apelado las nuevas 12 órdenes de derribo. Alegan que, por igualdad, debería asumirlas la Xunta, como se hizo con las tres primeras, de las que el juzgado responsabilizó a la agencia de la legalidad urbanística. Aún no hay respuesta, pero la fórmula abre la puerta a la posibilidad de que los afectados no tengan que pagar también los derribos, unas obras que nunca bajarían de los 60.000 euros por cada propiedad.
Ahora está pendiente una reunión entre el conselleiro Hernández y los portavoces municipales, y también varias incógnitas por resolver para dirimir responsabilidades. Eso se batallará en los juzgados, pero en lo único que están de acuerdo todas las partes es en que en este caso «los vecinos son solo víctimas, porque siempre actuaron legalmente».