Urbanismo La Lei do Solo permitirá edificar a partir de abril entre casas dispersas

La modificación legislativa con la que el Gobierno de Feijoo ha atendido las demandas de los alcaldes para corregir uno de los criterios que inspiró la discutida e incumplida Lei do Solo 9/2002, en cuanto a su apuesta por frenar la dispersión en los núcleos rurales, comenzará a aplicarse en Galicia en primavera. Medio Ambiente pretende que el Parlamento tramite por la vía de urgencia el proyecto de ley al que el Consello de la Xunta dio luz verde en su última reunión del 2009, y que tumba la prohibición de construir a más de 50 metros de las aldeas para permitir edificar entre casas dispersas según su densidad. Con ese procedimiento, la consellería calcula que podría adelantarse a marzo una entrada en vigor de la reforma normativa que, si sigue los plazos marcados en el cauce ordinario, tendrá que esperar hasta abril.

La nueva revisión de la ley que impulsó Xosé Cuíña, que en principio se presenta como la última antes de su anunciada sustitución por un nuevo marco normativo en el tramo final de esta legislatura, recupera con el cambio del concepto de distancia al núcleo rural por el de densidad edificatoria una regla que ya formaba parte de las reglas provinciales de 1991. El vuelco normativo oculta una mudanza de filosofía. De un articulado que imponía restricciones a la construcción para preservar las aldeas se pasa a otro que flexibiliza los requisitos con el argumento de desbloquear la edificación para favorecer el asentamiento de población y evitar que se reproduzca en los núcleos rurales el estancamiento que padecen los cascos históricos de las ciudades. Esa voluntad de que el ladrillo no sea un obstáculo para incentivar la revitalización del campo se materializa a través de una nueva tipificación que amplía a cuatro las definiciones de núcleo rural. En la práctica, se trata de cambiar la prohibición actual de construir a más de 50 metros de la aldea por condicionar la construcción de nuevas viviendas de acuerdo con la densidad edificatoria. Así, será posible construir entre casas aisladas siempre que el perímetro en el que se asientan tenga un grado de consolidación superior al 33%. La fórmula permite compactar la dispersión, al rellenar con nuevas viviendas el terreno entre el núcleo rural y casas aisladas.

El otro punto de enganche de la reforma legislativa con las reclamaciones de los alcaldes es la agilización de los procedimientos que ralentizan la tramitación de los planes urbanísticos municipales y que frenan las obras en las explotaciones agropecuarias. La Xunta vuelve a tender la mano a los regidores, al delegar en ellos las competencias para conceder licencias en suelo rústico y otorgar las licencias necesarias para ampliar naves y establos, frente a la obligación actual de que las instalaciones que afecten a más de 25 metros cuadrados recaben autorización del Ejecutivo.

Sintonía con los alcaldes

Feijoo enmarcó en su día la reforma de la Lei do Solo en su determinación de abandonar «posturas paternalistas» en la relación de la Xunta con los concellos para transitar por una senda de «colaboración leal». El anuncio de esta revisión de la ley anticipó el pacto por el urbanismo que Feijoo selló en septiembre con la Federación Galega de Municipios e Provincias, un acuerdo en el que avanzó su compromiso de consensuar con los alcaldes una nueva norma que reemplazará a la del 2002 en un ámbito, el urbanístico, en el que el Consello Económico e Social ya ha lamentado la ausencia de un régimen estable.

El proyecto de ley iniciará en febrero su tramitación parlamentaria con el rechazo expresado por el BNG, que considera que generará inseguridad jurídica, y las objeciones manifiestas del PSdeG, que teme que agilizar los trámites implique relajar el control urbanístico.