urbanismo La Xunta reduce a dos meses el plazo para autorizar los planes urbanísticos

El Gobierno gallego aprobó ayer el proyecto de reforma de la llamada ley del suelo, mediante el cual se pretenden modificar 44 de los 237 artículos de la normativa vigente con el fin de agilizar la tramitación de los planes urbanísticos municipales, reforzar las competencias locales y flexibilizar las condiciones para poder construir en los núcleos rurales.

El nuevo texto, que será remitido de inmediato al Parlamento para su toma en consideración a partir del mes de febrero, recoge entre sus novedades la extensión de la autonomía municipal, que permitirá a los concellos otorgar licencias en suelo rústico sin que este acto tenga que pasar por manos de la Xunta, a la vez que podrán dar permisos para ampliar naves o instalaciones agropecuarias.

Este último aspecto facilitó que el Ejecutivo de Feijoo alcanzara un consenso con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para reformar la normativa, tal y como ayer destacó el jefe del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, al remarcar que con la aprobación del texto se cumple «un dos compromisos co rural, co urbanismo transparente e co desenvolvemento racional no ámbito dos núcleos de poboación no rural galego».

Eficacia y agilidad

De hecho, el mandatario autonómico puso el acento en que la nueva reforma legal persigue tres objetivos, que se pueden sintetizar en dar respuesta a las necesidades urbanísticas que tienen los núcleos rurales, pero buscando mayor «eficacia» y «axilidade» en la tramitación de los planes de ordenación municipal.

Con este objetivo se incorpora el propósito de reducir en un tercio los plazos para tramitar ante la Administración autonómica los planes urbanísticos, que quedará fijado en dos meses frente a los tres de ahora. La única excepción será la aprobación definitiva de los PXOM, que se mantendrá en tres meses.

La Xunta también impondrá coherencia a sus dictámenes -algo que ahora no siempre se cumplía-, de tal forma que los informes que pueda emitir el servicio de Urbanismo o el de Patrimonio no sean contradictorios entre sí, sino que vayan en la misma dirección, en el sentido de o bien autorizar o bien rechazar un determinado plan urbanístico. «A avaliación ambiental e a avaliación urbanística teñen que facer un informe conxunto», manifestó ayer Núñez Feijoo antes de puntualizar que «non vale que un faga un informe favorable e outro, desfavorable».

El jefe del Ejecutivo también puso de relieve ante los periodistas que el cambio normativo no favorecerá la dispersión, como denuncian grupos de la oposición como el PSOE, sino que lo que se busca en definitiva es «concentrar, non dispersar a poboación, nos núcleos rurais», pero partiendo siempre de la base de que se pueda vivir en ellos de la mejor manera posible, garantizando el asentamiento de la población, resumió el presidente de la Xunta.