En la comunidad se están cumpliendo actualmente 1.359 penas de trabajos de carácter social
En este momento hay en Galicia cerca de 7.000 automovilistas sentenciados, la mayoría por alcoholemia
La Guardia Civil de Tráfico envía cada mes en Galicia a 269 conductores al juzgado por superar la tasa penal de alcoholemia, que está fijada en 0,60 miligramos en la prueba de aire espirado. Y cada mes, los jueces condenan a cerca de 400 automovilistas a la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. Con este ritmo de localización de infractores y de posteriores condenas no extraña que a día de hoy Galicia registre casi siete mil conductores condenados a la realización de trabajos sociales, una pena que aparece recogida en el Código Penal para los delitos de tráfico desde el mes de diciembre del 2007.
La práctica totalidad de las condenas son por conducir con una tasa de alcoholemia muy elevada. Esa infracción es muy grave y aparece castigada en el Código Penal con una pena de tres a seis meses de cárcel, o con la alternativa de una multa y la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, que es la que se está imponiendo en la práctica totalidad de los casos. En cualquiera de las dos opciones, el conductor será condenado además a la privación del carné por un período de entre uno y cuatro años.
El nuevo Código Penal causó un gran impacto en el sistema judicial con juicios a diario por conducir con más alcohol del permitido. En el 2008, el primer año de ejecución de la nueva norma, se dispararon las sentencias de trabajos en beneficio de la comunidad y multa como penas preferibles a las de cárcel. El pago de la multa era una gestión inmediata, no así la realización de los trabajos en beneficio de la comunidad. ¿Dónde se harían, quién los gestionaría? La inmediatez de las sentencias, la mayoría por medio de juicios rápidos, agravó el problema y en el 2008 muchos conductores se salvaron de la condena porque el paso del tiempo hizo prescribir la pena. La propia Fiscalía Superior de Galicia denunció en su memoria «a dificultade na execución e control das penas de traballos en beneficio da comunidade, que ten que ver fundamentalmente coa insuficiencia de postos para os penados».
«Eso no volverá a pasar», asegura Jesús López Bouzas, delegado de Instituciones Penitenciarias en Galicia, pese a que en la comunidad hay ahora 3.563 personas ya sentenciadas y, sin embargo, pendientes de ser llamadas por los centros de Instituciones Penitenciarias. En Galicia se están cumpliendo 1.359 penas de trabajos sociales, a las que pronto se sumarán 3.147 condenados que ya tienen destino asignado.
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