Justifican el mantenimiento del sobresueldo, aprobado durante el bipartito, para «fuxir de demagoxias»
10 dic 2009 . Actualizado a las 02:00 h.«Se estivese prohibida a demagoxia nesta Cámara, habería moitos deputados que terían que renunciar ao seu escano». Así de claro se manifestó el secretario xeral de la CIG, Suso Seixo, al presentar la iniciativa legislativa popular (ILP) -pendiente de tramitar desde octubre del 2008- para suprimir el llamado plus de altos cargos, y que PP y PSOE decidieron no tomar en consideración al asegurar que precisamente no debe caerse en la demagogia en estos asuntos.
El ya más que famoso plus de altos cargos fue aprobado en el Parlamento durante la etapa del bipartito, tras una propuesta del PP. Se trata de un sobresueldo para funcionarios que hayan ocupado un alto cargo y que oscila, en función del nivel, entre unos 3.500 y casi 15.000 euros anuales. Desde un principio este plus provocó una fuerte contestación social, hasta el punto de que ayer se debatió en el pleno del Parlamento la consideración de esta iniciativa popular, avalada por más de 19.000 firmas y promovida por la CIG, y que finalmente rechazaron PP y PSOE.
Suso Seixo fue el encargado de defender la supresión de este plus que supone introducir un nivel retributivo para funcionarios que desempeñaron altos cargos, y que nunca podría alcanzar otro trabajador público por muy brillante que sea su carrera. Otro motivo del rechazo a este sobresueldo es que se crea una brecha entre los ex altos cargos que son funcionarios y los que no, al tener derecho a cobrarlo solo los primeros.
Por todos estos motivos, por la situación económica actual (que ha llevado a aplazar acuerdos retributivos a los trabajadores de la Administración y a aumentar solo un 0,3% el salario de los empleados públicos) y por los más de 19.000 ciudadanos que avalaron la iniciativa, Seixo reclamó a los grupos el apoyo a la misma, sin lograr mucho eco en las filas de los diputados, que la rechazaron por 61 votos en contra y 12 a favor.
Lexislar en beneficio propio
El BNG fue el único grupo que se mostró partidario de suprimir este plus, pese a que en su momento, cuando gobernaba con los socialistas, aprobó las modificaciones de la Lei da Función Pública que incorporaban esta retribución. El nacionalista Alfredo Suárez Canal explicó que se trata de una regulación hecha por los políticos para beneficiar a los funcionarios políticos, «e pódese pensar que estamos lexislando para beneficio propio». Aprobando la ILP, explicó Canal, «prestixiaremos a actividade política», ya que el desempeño de este trabajo «non ten que supoñer ningunha carga pero tampouco ningún privilexio». Según el nacionalista, eliminar el plus supondría un ahorro anual de más de tres millones de euros.
El socialista Lage Tuñas fue el encargado de defender la postura de su partido, que votó en contra de la supresión del plus. «Non podemos seguir pola senda de que a Administración pública ten que ter salarios baixos, hai que fuxir da demagoxia», explicó Lage, quien animó a ir más allá en el debate sobre la función pública y a no quedarse simplemente en comparar el salario mínimo con el de un alto cargo de la Xunta. Para el socialista, los cambios que acometió el Gobierno de Touriño fueron un pequeño paso para avanzar en la modernización de la Administración pública.
Antonio Rodríguez Miranda, del PP, coincidió en el argumento de «fuxir da demagoxia e dunha visión raquítica» para mantener este plus, que ya se cobra en otras comunidades. Miranda negó que suponga un gasto anual de tres millones de euros, «iso é multiplicar por tres ou máis a realidade», matizó, y minimizó el coste que puede suponerle a las arcas públicas un sobresueldo que han solicitado 192 ex altos cargos.
Como representante de la comisión promotora de esta proposición, Seixo cerró su intervención en el Parlamento recordando a los diputados que «por unha cuestión de dignidade deberían de oporse».