El caso se abrió cuando se investigaba a un policía, pero acabó perdiéndose en algún juzgado
12 nov 2009 . Actualizado a las 09:42 h.Las presuntas irregularidades que supuestamente buscan en Extranjería de Lugo los responsables de investigar la trama de los burdeles no son un hecho aislado. A principios del año 2000, la Fiscalía lucense ya había descubierto que algo no encajaba en la concesión de los permisos de residencia a mujeres que ejercían la prostitución. Por eso fue abierta una investigación que pudo acabar, al parecer, perdida en algún juzgado, o incluso en cajones de la Fiscalía debido a los cambios de jefe que se produjeron en esta. Por aquel entonces llegó a concretarse que una mujer, empleada de un club de alterne, había obtenido la residencia de forma totalmente irregular. Sin embargo, no llegó a saberse qué ocurrió con el asunto y, por lo tanto, si la persona o personas que estaban detrás de la anomalía fueron perseguidas penalmente.
La sospecha de que algo no funcionaba correctamente en alguna de las secciones de Extranjería no es, por lo tanto, algo que se descubra ahora con la operación Carioca. Los primeros indicios se conocieron, también de rebote, en una investigación abierta a un policía de la comisaría de Monforte que había sido denunciado por prostitución. Las pesquisas habían sido dirigidas por el entonces fiscal jefe de Lugo, Jesús Izaguirre.
Lo que llevó a la Fiscalía a actuar de oficio en aquel momento fue una queja formulada por una mujer que trabajaba en un burdel y que ponía de manifiesto que personas vinculadas a Extranjería cobraban por tramitar los papeles. Al mismo tiempo, aportó otra serie de detalles que llevaron a los investigadores a reclamar el expediente de residencia de una inmigrante, también vinculada al mundo de la prostitución. Cuando los investigadores lo recibieron de la comisaría lucense comprobaron que contenía alguna anomalía de bulto como que se concedía la residencia en España a una mujer que había sido expulsada previamente.
La presunta irregularidad alertó a quienes hacían las pesquisas, por lo que reclamaron más información a la comisaría. Hasta aquí se supo lo que ocurrió, pero después, en plena investigación, el responsable de esta obtuvo la plaza de fiscal jefe de Vitoria y se fue.
El caso sí siguió en lo que respecta al policía que estaba siendo investigado. El agente acabó sentado en el banquillo para responder por un presunto delito de prostitución.
El fiscal pidió que le fuera impuesta una pena de cuatro años de prisión, sin embargo, el tribunal consideró que el funcionario era inocente y lo absolvió. Se da la circunstancia de que el policía llegó a estar encarcelado durante unos meses por los hechos. En su momento dijo que había sido víctima de una trama porque lo denunciaron hasta ocho veces.