El modelo de servicios sociales que implantó Quintana sobre el pilar del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar ha sido una fuente inagotable de controversia. Más que de la idoneidad de esta figura o de su eficacia a la hora de gestionar políticas públicas, el debate se ha centrado en cuestiones laborales. Primero, fueron los propios sindicatos -el sector de la CIG vinculado a la Administración autonómica y Comisiones Obreras- quienes denunciaron que este organismo se había nutrido de personal nombrado a dedo proviniente del nacionalismo (militantes y concejales del BNG).
La CIG oficial, sindicato mayoritario en el Consorcio, siempre ha tildado esta tesis de patraña intoxicadora urdida por el PP para desprestigiar la gestión del BNG en los servicios sociales. Y siempre ha apelado a que ninguna de las contrataciones del Consorcio había sido impugnada como prueba de la limpieza del proceso. Sin embargo, en las semanas previas a las elecciones autonómicas del pasado 1 de marzo, Vicepresidencia lanzó una convocatoria oficial para consolidar 338 puestos de trabajadores eventuales del Consorcio. El diseño de las pruebas, muy diferente al seguido en la normativa de Función Pública, hizo sospechar a gran parte del mundo sindical -excepto a la CIG oficial - que se trataba de un proceso hecho a medida para colocar a estos empleados. El tiempo de trabajo en el Consorcio y los cursos allí hechos puntuaban de tal manera en la prueba que nadie que no hubiera trabajado allí tendría opción de acceder a la plaza pública.
La Xunta del PP paralizó la convocatoria. Y acaba de emitir un informe -elaborado por la Dirección Xeral da Función Pública - en el que se denuncia que las oposiciones vulneran la legislación porque sus bases conculcan derechos fundamentales, como los de igualdad, mérito y capacidad, recogidos en la Constitución. El departamento que lidera Beatriz Mato espera ahora un informe del Consello Consultivo para convocar unas nuevas oposiciones similares a las que se hacen en la Xunta.