La renuncia de la concesionaria a ejecutar el vial Carballo-Berdoias costará 4,1 millones a la Xunta
GALICIA
El Gobierno rescinde el contrato de acuerdo con la empresa, que alega falta de liquidez
12 nov 2009 . Actualizado a las 02:00 h.La situación creada por la renuncia de la concesionaria de la autovía de la Costa da Morte (Carballo-Berdoias) a ejecutar las obras con las condiciones contractuales que firmó con el Gobierno bipartito ocasionará un perjuicio económico para la Xunta, que tendrá que pagar 4,1 millones a la UTE formada por las empresas Ferrovial y Taboada y Ramos, por los gastos de la expropiación de terrenos y adquisición de los proyectos constructivos. El Gobierno de Feijoo, que hoy formalizará la rescisión del contrato de mutuo acuerdo con la concesionaria, que alegó falta de liquidez para desmarcarse del proyecto, confía en que esta solución pactada minimice los retrasos en la puesta en marcha del nuevo proceso de adjudicación. Medio Ambiente trabaja con la previsión de licitar antes de que acabe el año la infraestructura en la que Touriño colocó la primera piedra en diciembre del 2008.
El caso de la autovía Carballo-Berdoias, un eje crucial para vertebrar la conexión entre A Coruña y la Costa da Morte, es significativo de las sombras que la crisis económica proyecta sobre las infraestructuras en régimen de concesión, que obligan a la adjudicataria a afrontar el coste de construcción y explotación a cambio de ingresar en el futuro un peaje en la sombra por parte de la Xunta en función del tráfico de la vía y de las tarifas pactadas en el contrato. Touriño reveló a su marcha de la presidencia que la deuda contraída en tres de los seis viales proyectados en régimen de concesión suma 233 millones de euros. Pero, además de la hipoteca que el sistema representa para la Xunta, las empresas se topan ahora con dificultades de liquidez para ejecutar las obras.
Desfase de 40 millones
En la vía de la Costa da Morte, que el bipartito adjudicó por 195,4 millones, el Gobierno de Feijoo sostiene que se topó con un problema heredado del bipartito. La Sociedad Concesionaria Baio, participada al 50% por las firmas Ferrovial y Taboada y Ramos, reclamó a finales de abril a la Xunta el reequilibrio financiero del contrato.
La concesionaria esgrimió entonces que dificultades para obtener liquidez le impedían afrontar las obras en las condiciones que propuso. El problema había arrancado en octubre del 2008, cuando esa sociedad pidió una prórroga para resolver el plan financiero, ya que las entidades no aceptaban las condiciones de los compromisos bancarios que presentó en la oferta concesional. Los bancos requerían a la concesionaria una mayor aportación de fondos propios, un esfuerzo que la UTE cuantificó en 40 millones de euros.
De acuerdo con la versión de Medio Ambiente, la sociedad llegó a plantear un incremento del 16% en la tarifa fijada en el contrato, lo que obligaría a la Xunta a sufragar a través del peaje en la sombra esos 40 millones a lo largo de los 30 años de concesión. Pero los servicios jurídicos asesoraron a la consellería para conminar a la empresa a asumir los compromisos adquiridos en el contrato, con el inicio de las obras, o comunicar su renuncia, que fue el camino que tomó la concesionaria en julio pasado.
Esa renuncia, y la consiguiente rescisión del contrato que hoy acordará el Consello de la Xunta, obliga a una nueva licitación, que Medio Ambiente se ha comprometido a activar de inmediato para que el retraso en iniciar las obras sea el menor posible. En ese sentido, con la rescisión de mutuo acuerdo la consellería dispondrá del proyecto constructivo, por el que pagará a la empresa 2,12 millones. Además, tendrá que abonar 1,96 millones por la expropiación de terrenos y 89.000 euros por movimientos de tierras y desbroces.