La Fiscalía de Ourense presentó contra ellos una querella criminal por sustracción de menor y desobediencia
10 nov 2009 . Actualizado a las 11:15 h.Menos de una semana ha tardado el juzgado en llamar a declarar en calidad de imputados a los padres del menor obeso ourensano cuya tutela reclama la Xunta. Hoy mismo, Luis Montoya y Margarita Gabarres están citados para testificar en la capital ourensana por la querella criminal presentada contra ellos por la Fiscalía de Ourense, que les imputa los delitos de sustracción de menor y desobediencia.
Fuentes del caso confirmaron ayer que la denuncia, anunciada por el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, el pasado miércoles, llegó a la sede judicial a finales de la semana pasada. Debido a que se trata de un asunto especialmente complicado -los padres del chico se niegan a entregarlo a un centro de menores y lo mantienen oculto para no cumplir la resolución de la Xunta-, se ha citado para esta mañana a sus progenitores, que deberán contestar a las preguntas sobre el caso que les planteen tanto el fiscal como el juez titular del juzgado al que han correspondido las diligencias.
Rapidez
Se prevé, en todo caso, que las declaraciones sean breves y, además, que no se cite a declarar a terceras personas o familiares de los padres del niño. La clave de una posible imputación formal de los progenitores estará en si siguen decididos a no revelar dónde se encuentra su hijo y, por tanto, continuarían obstaculizando la ejecución de una resolución administrativa que fue refrendada por el Juzgado de Familia de Ourense. En caso de ir adelante la acusación, los adultos se enfrentan a condenas de prisión -inferiores a dos años- e incluso a la pérdida de la patria potestad sobre el hijo.
Controversia
El motivo que se encuentra detrás de todas las actuaciones es el desamparo en el que, según la Xunta, se encontraría el niño debido a su sobrepeso, ya que, con nueve años, alcanza los setenta kilos.
Desde esta parte se considera que la asunción de la tutela por parte de las autoridades ha sido necesaria para salvaguardar el bienestar de un menor que llegó a pesar 86 kilos. La falta de colaboración que los padres habrían mostrado con la Administración, involucrada en el caso desde el 2005, habría determinado que se acordase su ingreso en un centro de menores.
Sin embargo, ninguno de esos argumentos convence a los padres del chico. Tras negarse el Juzgado de Familia a suspender cautelarmente la ejecución de la tutela por parte de la Xunta, los progenitores han salido a la luz pública en numerosas ocasiones asegurando que el ingreso en un centro del menor va a ser más perjudicial que beneficioso, por lo que solicitan que dos psicólogos lo examinen exhaustivamente e informen sobre esta cuestión. Los padres cuentan además con la ayuda de un endocrino, que se ha comprometido a controlar al chico. Este profesional aseguró en una entrevista a La Voz que a día de hoy la vida del menor no corre peligro.