caso prestige España tendría que pagar a Francia por alejar el «Prestige» si fuese condenada en el juicio

La posibilidad de que España tenga que pagar su propia factura de daños -unos 926 millones de euros- y devolver parte de los 115 millones recibidos del Fidac si hay una sentencia adversa en el caso Prestige no es el único efecto colateral de una eventual condena a José Luis López Sors. En las reclamaciones económicas iniciales que se están peritando en el juzgado de Corcubión figura una especialmente abultada que es la que han presentado el Estado francés, los ayuntamientos y los particulares galos afectados por la deriva del vertido del Prestige hacia las costas de Francia. En total, valoran los daños en 86,3 millones de euros, una cantidad que España podría tener que abonar en parte si el ex alto cargo del Gobierno de Aznar resulta condenado en el juicio del Prestige , aseguran fuentes jurídicas.

La mayoría de este dinero -más del 77%- corresponde a los desembolsos realizados por la Administración central gala para la limpieza de la costa entre las Landas y Bretaña, un operativo en el que aseguran haber gastado unos 67 millones de euros. En el litoral atlántico del país vecino se recogieron unas 24.500 toneladas de residuos procedentes de la marea negra de baja intensidad y disgregada que sufrieron hasta mediados del 2003.

Hasta el momento, la estrategia de los abogados españoles que representan los intereses de Francia en el caso ha sido prudente con la hipotética responsabilidad de la Administración española, a pesar de que en la causa figuran numerosos informes periciales que atribuyen a la decisión de alejar el barco la posterior extensión del vertido en diciembre del 2002 hacia el golfo de Vizcaya y, por tanto, hacia las costas francesas. De hecho, renunciaron a recurrir el sobreseimiento inicial de José Luis López Sors ante la Audiencia Provincial de A Coruña y centraron toda su estrategia procesal en intentar que se imputara a seis técnicos de la sociedad de clasificación ABS, al considerar que la inspección de los elementos estructurales del buque se realizó de forma negligente.

Independientemente de que la estrategia de Francia sea tibia con las decisiones del Gobierno español, podrían beneficiarse de una sentencia condenatoria sin necesidad de contribuir a ella activamente en el fragor de la vista oral y sus prolegómenos. En la vertiente de la responsabilidad civil de la sentencia quedarán claros los importes -probablemente en forma de porcentajes- que deberá abonar el Estado español como corresponsable civil subsidiario (sería inédito que España saliera como único culpable del juicio), y en el grupo de afectados figurará inevitablemente Francia, tras haber renunciado a su propia jurisdicción en beneficio de los tribunales españoles.

Críticas a nivel técnico

Si a nivel diplomático hubo conversaciones para que Francia no fuera agresiva en la causa con la gestión del accidente por parte de la Administración española, en los ámbitos más técnicos del Gobierno galo se cuestionó con relativa dureza la decisión de alejar el Prestige .

En su momento, la propia Prefectura Marítima gala envió un fax a las autoridades españolas en plena maniobra de alejamiento para mostrar su disconformidad con el rumbo del petrolero y el riesgo que entrañaba para su costa la deriva del vertido. Además, la investigación oficial francesa del accidente repartía culpas entre el capitán -por haber llenado los tanques de lastre- y la Administración española, al considerar que «las dificultades para encontrar refugio» agravaron el daño estructural del petrolero.