Al menos una treintena de militantes, familiares y amigos de altos cargos y afiliados del PSOE fueron contratados por Abel Caballero a su paso por el Puerto vigués con cargo a los planes de empleo de la Xunta. La denuncia de esa relación partidaria fue llevada por el PP tanto al Congreso de los Diputados como al Parlamento gallego, motivando incluso la fiscalización de Intervención del Estado.
Según dicho órgano de control, las contrataciones masivas realizadas entonces por Caballero requerían de «una reflexión sobre si la plantilla actual responde a las necesidades reales de la misma, o si su elevado número, particularmente en el próximo ejercicio [se refería al 2007], incluso podría llegar a dificultar su funcionamiento». Intervención indicaba que la masiva llegada de contratados, la mayoría sin experiencia previa, podían deparar problemas logísticos, ya que fueron 116 los fichados con cargo a los programas de la Xunta, además de otros 50 que iban a entrar por la misma vía y que paralizó el sucesor de Caballero en el Puerto nada más acceder al cargo.
El alcalde nunca llegó a aclarar qué criterios siguió para realizar dichas incorporaciones, como tampoco la anterior Xunta desveló las características de dichos contratos, pese a ser reiteradamente exigida su aclaración en la Cámara gallega por el PP, que además no tuvo éxito en su intento fiscalizador en el Congreso.