informe desfavorable Función Pública declara contraria a derecho la oposición al Consorcio

La convocatoria de empleo público que lanzó la Vicepresidencia de Anxo Quintana en las vísperas de las pasadas autonómicas para consolidar a 336 trabajadores eventuales en el Consorcio de Igualdade e Benestar tiene enfrente ya un informe desfavorable de la Dirección Xeral de Función Pública, que ha concluido que el proceso selectivo podría vulnerar derechos fundamentales a la igualdad, mérito y capacidad, consagrados en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución.

La investigación, elaborada a petición del Gobierno actual, advierte además de que la oferta de empleo podría ser nula de pleno de derecho al infringir lo recogido en la Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. Dado el contenido del informe, la Xunta del PP ha decidido revisar las bases de una oposición que los propios sindicatos denunciaron en su día por ser un proceso hecho a medida para las personas que contrató el ente, entre las que figuraban cargos y militantes del BNG. Entre las voces críticas con el proceso se encontraba también el sindicato nacionalista CIG.

El departamento que lidera Beatriz Mato, que gestiona ahora los servicios sociales, advierte de que la decisión final sobre cómo será la oposición depende de un informe vinculante del Consello Consultivo. «La oferta de empleo público sigue vigente, se van a revisar las bases», insisten en la Xunta. Y añaden: «Nosotros no estamos juzgando la capacidad de los trabajadores del Consorcio sino el proceso que se puso en marcha; nos gustaría que eso quedara bien claro».

Experiencia

En el informe, Función Pública considera desproporcionada la puntuación que se otorga a los servicios prestados en el Consorcio en comparación con los desarrollados en otras Administraciones. Mientras un mes de trabajo en los servicios de Vicepresidencia recibe 0,9 puntos, en otra apenas se valora en 0,1.

«Así, un traballador do Consorcio, con 11 meses, acadaba a máxima baremación, mentres que outro empregado público precisaría 100 meses, o que equivale a 8,3 anos», denuncia Función Pública. La Dirección Xeral entiende que esto vulnera el derecho a la igualdad en el acceso a cargos públicos. La investigación también cuestiona el modo en el que computan los cursos de formación. Según las bases de las oposiciones diseñadas por la Vicepresidencia de Quintana durante la pasada legislatura, los cursos del Consorcio puntuaban 0,5, mientras que los desarrollados en otras Administraciones solo 0,1. «A valoración de méritos efectuada leva a considerar a existencia dunha predeterminación na elección dos aspirantes seleccionados, posto que non se valora a posesión de coñecementos senón o centro onde foron adquiridos», detalla el informe. Y añade Función Pública: «Se producirá a paradoxa de que unha xornada de 10 horas organizada polo Consorcio ten maior puntuación que un curso doutra Administración de 35».