Las acusaciones del «Prestige» valoraron pedir la imputación de Cascos, pero no hallaron indicios

Las acusaciones populares personadas en el caso Prestige , la plataforma Nunca Máis e Izquierda Unida, sopesaron pedir la imputación del que era ministro de Fomento durante el accidente, Francisco Álvarez Cascos, pero declinaron hacerlo al carecer de indicios de criminalidad que la sustentaran. A día de hoy, aseguran los abogados de ambas acusaciones, carecen de eventuales pruebas o material indiciario que respalde una petición de este tipo.

La Audiencia Provincial de A Coruña, en el auto por el que se vuelve a imputar al ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, reprocha a la instrucción judicial que asumiera sin apenas contraste que este alto cargo fuera el único responsable de dar la orden de alejamiento y que, de acuerdo con su propia declaración, informara con posterioridad a sus superiores en el Ministerio de Fomento. Casi siete años después de que se abrieran las diligencias, los tres magistrados que firman el auto aseguran que «no era ocioso comprobar esta clase de afirmaciones para descontar cualquier pega en el grupo de responsables» y, también, que se cerró «en una persona lo que tiene perfiles plurales en el escalafón de la jerarquía gubernamental». Después, recuerdan unas conversaciones en las que se menciona directamente al ministro de Fomento para poner un ejemplo de «vicisitudes que relativizan este voluntario acaparamiento [en referencia a la asunción de responsabilidades en solitario por parte de López Sors]».

Sobre este asunto, uno de los abogados de Nunca Máis, Pedro Trepat, confiesa estar sorprendido por los comentarios vertidos en el auto sobre la posibilidad de investigar a la cúpula de Fomento. «En su momento -asegura- analizamos pedir la imputación de Cascos, pero no encontramos indicios suficientes. Y entiendo que la petición la habría rechazado la propia Audiencia con argumentos similares con los que se levantó la imputación del delegado del Gobierno y del capitán marítimo».

«Era precipitado»

Trepat recuerda que cuando presentaron la querella que motivó la imputación de Sors, el capitán marítimo, Ángel del Real, y el delegado del Gobierno, Arsenio Fernández de Mesa, carecían de base probatoria para hacer lo mismo con el ministro de Fomento. «Era precipitado y decidimos esperar y ver qué información iba saliendo. Plantear querellas a la ligera contra ministros no es tan fácil», dice.

Alfonso Suárez, asesor legal de Izquierda Unida y autor de la querella de esta formación, comparte este punto de vista y confirma que, a día de hoy, tras siete años de instrucción, «no tenemos indicios contra Cascos», a pesar de que tanto él como los letrados de Nunca Máis tenían la convicción de que, como ministro, «tenía conocimiento de las decisiones y las había aprobado». Sin embargo, Suárez entiende que Cascos «carecía de la competencia técnica para decidir el alejamiento, aunque pudo refrendarlo desde su autoridad administrativa. Pero no podemos tirar cañonazos alegremente contra un ministro».

Aunque la misma Sección Primera de la Audiencia de A Coruña fijó en el auto de enero del 2003 que se debía indagar «quién, dónde, cuándo, cómo por qué y con qué base adoptó competencialmente la decisión de alejamiento del barco», también es verdad que en otro auto de septiembre de ese mismo año se circunscribían las decisiones sobre el Prestige al Centro de Coordinación de Operaciones en el que el máximo representante del ministerio era el propio López Sors. En este caso, la Audiencia proclamaba que Sors «dirige todo el operativo disponible [... ], no solo por estarle conferida la competencia en esta materia por la normativa, sino porque, como se desprende paladinamente de su propia declaración, efectivamente la asumió».

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