Uno de los logros que más defendió el anterior bipartito, y sobre todo la Consellería de Educación -en manos de los socialistas- fue la generalización a todas las etapas obligatorias de la enseñanza de la gratuidad de los libros de texto mediante el sistema de préstamo a los centros. De ahí que el cambio del modelo que acaba de llevar a cabo el PP por otro de ayudas a las rentas bajas haya provocado indignación en las filas del PSdeG.
Los socialistas comenzaron una campaña en toda Galicia en contra del modelo de «insolidariedade gratuíta» que llevan a cabo los populares. Ayer, 31 comarcas gallegas acogieron charlas informativas con la participación de destacados miembros de las filas del PSdeG como Mar Barcón (A Coruña), Xaquín Fernández Leiceaga (Santiago), Laura Seara (Ourense, Verín y A Limia); Ricardo Varela (Lugo); José Luis Méndez Romeu (Betanzos) o María José Caride (Vigo).
No queda ahí, porque durante los próximos días estas reuniones se ampliarán a colectivos sociales, profesores, militantes socialistas de los distintos concellos y representantes de las APA. El objetivo será claro, denunciar la insolidaridad de un modelo que según el PSdeG provocará que tres cuartas partes de las familias tengan que pagar los manuales.
Dereitos consolidados
Los socialistas recuerdan que el sistema de préstamo de libros había logrado que la vuelta al cole de los menores gallegos fuera de las más baratas de España, por lo que el modelo del PP «é un paso atrás, que implica ademais a supresión de dereitos consolidados pola cidadanía», apuntan. Una de las críticas de las ayudas a las familias de rentas bajas es el umbral de ingresos que se requieren para conceder las subvenciones, muy bajo según la mayoría de los colectivos.
Así, una pareja con 559 euros brutos al mes de sueldo cada uno y un hijo no tendría derecho a ninguna ayuda. La Xunta, sin embargo, estima que en torno al 20% del alumnado tendrá los libros gratis y otro 45% ayudas parciales.
En Vigo, informa Efe, los diputados Manel Gallego, Abel Losada y María José Caride acusaron al Gobierno de acometer una voladura controlada de los servicios públicos gallegos, y recordaron que la gratuidad de los libros es un derecho por lo que no debieran llevarse a cabo políticas de beneficencia que pertenecen a otras épocas.
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