La memoria de la Fiscalía Superior refleja un aumento de la criminalidad debido a los delitos de seguridad vial
01 ago 2009 . Actualizado a las 02:00 h.La reforma del Código Penal de diciembre del 2007, dirigida a endurecer las sanciones para los comportamientos irresponsables al volante, disparó los índices de criminalidad en Galicia, donde el año pasado se abrieron 249.770 procedimientos penales, lo que supuso un aumento de un 17% de los casos iniciados respecto al 2007. Así lo refleja la memoria de la Fiscalía Superior de Galicia, presentada ayer por el fiscal superior, Carlos Varela. El endurecimiento de la legislación en materia de seguridad vial provocó también un aumento del número de juicios rápidos, previstos en la reforma penal para la tramitación de delitos contra la seguridad vial, entre los que destacan los relacionados con el alcohol al volante.
Al mismo tiempo, surgió un problema nuevo: la falta de plazas para el cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad ante el elevado número de condenas, lo que implica que haya casos en los que las condenas no pueden ser aplicadas y las penas quedan sin cumplir, como ayer reconoció el propio fiscal superior de Galicia.
Fueron casi nueve mil los procedimientos incoados el año pasado en Galicia por delitos relacionados con la seguridad vial, muchos de ellos por el sistema de juicio rápido, y en los que se dictaron 3.152 sentencias condenatorias, el 93% por conformidad. La mayoría llevaban asociada la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, un asunto que está especialmente tratado en la memoria presentada ayer por Carlos Varela en la sede del Tribunal Superior de Xustiza.
Los trabajos en beneficio de la comunidad suponen la respuesta judicial en la mayoría de las condenas por delitos contra la seguridad del tráfico, especialmente en las relacionadas con el exceso de alcohol, y también en casos de penas por malos tratos ocasionales y distintos tipos de amenazas. No es un problema único de Galicia, y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias tiene constancia de que las plazas ofrecidas por ayuntamientos, diputaciones y entidades públicas son claramente insuficientes.
Creación de nuevos puestos
Carlos Varela recordó en este sentido que en Galicia estaba prevista la creación de 639 plazas para el cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad, aunque admitió que este número será, de todas formas, insuficiente. En la memoria de la Fiscalía gallega se propone que debería de establecerse una red de puestos de trabajo y que sean las Administraciones de Justicia gallegas las que colaboren en la creación de sus propias plazas mediante la firma de convenios con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y con otras entidades y organizaciones no gubernamentales.
Al margen del problema de la falta de plazas para los denominados trabajos en beneficio de la comunidad, el fiscal superior destacó en su intervención el hecho de que el año pasado se produjeron en Galicia 14.263 calificaciones fiscales, un número muy inferior al de las diligencias previas, ya que, explicó Varela, esas calificaciones son las que finalmente llegan a juicio tras comprobar en la investigación de los casos que llegaron a las fiscalías que hay materia penal para poner en marcha un proceso y alguien a quien acusar.
Más robos y hurtos
La evolución de la criminalidad, como ya había quedado reflejado en la memoria policial de la Administración General del Estado presentada esta semana en la Delegación del Gobierno, sitúa en primer lugar los delitos contra el patrimonio, con robos y hurtos a la cabeza. Le siguen los delitos de lesiones, que suponen el 37% de los que fueron incoados en diligencias previas.