Algunas sociedades funcionan al albur de lo que puedan decidir por su cuenta sus respectivos gestores
30 jul 2009 . Actualizado a las 02:00 h.El sector público gallego precisa imperiosamente de ordenación, ante el cúmulo de entes y sociedades, en las que participa la Xunta, que incrementan el gasto público y no responden precisamente a criterios de eficiencia y control. El último informe de fiscalización, relativo al ejercicio 2006, en que gobernaba el bipartito, y entregado ayer a la presidenta del Parlamento gallego, Pilar Rojo, por el conselleiro maior de Contas, Antonio López Díaz, incluye un trabajo puntual sobre la administración paralela, en el que se recomienda la elaboración de una ley que «defina, sistematice e regule o modelo do sector público galego».
Este marco jurídico que propone el órgano fiscalizador está llamado a regular los aspectos presupuestarios, contables y de control, según las recomendaciones que apunta su informe.
Si en el sector público autonómico aparecen relativamente bien regulados los organismos autónomos, y las fundaciones tienen una normativa específica, no ocurre así con entes de nueva aparición, en los que la Xunta no tiene mayoría pero ejerce una indiscutible influencia. La primera conclusión que se desprende del informe es la necesidad de regular este conglomerado de entidades, indispensable para ordenar el sector público, y que no quede, como sucede en casos concretos, al albur de lo que decidan los gestores.
Esta foto fija del sector público es, en rigor, una llamada general a la correcta rendición de cuentas, para acabar con las zonas oscuras de la Administración. «O modelo ten que estar presidido polo principio de racionalidade organizativa e de economía e eficiencia na xestión», reclama en su informe el órgano fiscalizador.
El Consello de Contas recomienda, en este sentido, que los Presupostos de la Xunta integren «a totalidade de entidades que conforman o sector sometido a control público». Se trata de tener una «visión completa» de los recursos públicos de la comunidad autónoma, «e a súa aprobación en sede parlamentaria», insta el informe.
La Conta Xeral, según las recomendaciones del órgano de control, también debería incluir la totalidad de las fundaciones del sector público, y la Intervención Xeral elaborar un informe anual que incorporase sus actuaciones, y les siguiese la pista en lo que se refiere a la asunción de las recomendaciones emanadas del Consello de Contas.
El órgano fiscalizador sugiere también la necesidad de que le remitan los planes de auditoría aprobados por la Intervención Xeral de la Xunta para cada ejercicio. Respecto al personal, reclama un mayor control sobre las autorizaciones de contratos de alta dirección y el recurso a las contrataciones eventuales, que, advierte, «está a medrar especialmente».