Las negociaciones para renovar el Estatuto de Galicia se abrieron en la legislatura pasada y supusieron, a la postre, el gran fracaso de la promesa estrella del bipartito. La reforma fue uno de los caballos de batalla del Gobierno anterior hasta que, definitivamente, dejó de serlo. Unos y otros se echaron después las culpas por una negociación, cuyo fiasco podía anticiparse, con un PP recién descabalgado del poder, poco animado a dar aire al «bigoberno», como denominó Feijoo al Ejecutivo de Touriño.
Hace ahora exactamente tres años, el parto del Estatuto era todavía una incógnita. El PPdeG resultaba imprescindible para aprobar la reforma y Feijoo no estaba por la labor de aceptar un Estatuto de nación, como proponía el BNG, ni nada que incorporase una carga identitaria inasumible por su partido.
El de Andalucía fue el último Estatuto renovado que bendijo el PP, con Mariano Rajoy en la celebración de la efeméride. Galicia llegaba tarde. Populares, socialistas y nacionalistas trabajaron conjuntamente en la ponencia. Los tres grupos llegaron a admitir que se había hecho un buen trabajo, pero la definición de Galicia resultó insalvable.
El BNG propuso hasta el final el término nación, que seguramente se hubiera quedado en un simbólico Fogar de Breogán, si los populares no hubiesen optado por pasar página, y esperar otras circunstancias. Feijoo achacó entonces a los socios de Gobierno una falta de alternativa conjunta para la reforma.
El escenario del 2009 es diferente. El PP dispone de mayoría absoluta. Los socialistas están dispuestos a sacar adelante un texto renovado, y advierten al BNG de que no harán concesiones ante debates «nominalistas».