ue Bruselas cuestiona los pagos de las ayudas gallegas del año 2007

Galicia podría perder una importante partida de sus fondos estructurales y de cohesión asignados para el 2007 si no convence a Bruselas antes del final de este año de que algunos de los proyectos que ha ejecutado con cargo a esa financiación se han fiscalizado y liquidado de acuerdo a las reglas que fijan las leyes europeas.

El portavoz de Política Regional de la Comisión, Dennis Abbott, confirmó ayer que el Ejecutivo comunitario ha pedido a España «clarificaciones» suplementarias con respecto a los diecisiete informes de gasto del 2007 presentados por las comunidades autónomas, como paso previo al abono de las cantidades que les corresponden.

Instrumentos

Los tres principales instrumentos financieros de la política de cohesión de la UE (el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión) asignaron a España 6.300 millones de euros en el 2007, el primer ejercicio del período presupuestario 2007-2013. De esa cantidad, unos 745 millones de euros correspondían a Galicia (476 millones del Feder, 48,2 del FSE y alrededor de otros 222 millones del programa compartido entre el Feder y el Fondo de Cohesión, con un importe global para el septenio de más de 740 millones).

Estimación

Según Abbott, a principios del 2009, y a partir de los datos proporcionados por las comunidades autónomas y por el Gobierno, Bruselas realizó «una estimación» del dinero del 2007 pendiente de liquidar, que evaluó entre los 800 y los 1.000 millones de euros. Extendida esa proporción a los fondos destinados a Galicia, estarían en peligro entre 95 y 120 millones.

«El riesgo de que esas cantidades se pierdan ha bajado, y hasta final de año, cuando expira el plazo para presentar correctamente las liquidaciones, no podremos saber la cifra exacta», advierte el portavoz del departamento de la comisaria Danuta Hübner, que añade que la Comisión «está a disposición» de España y de las comunidades autónomas para evitar que se pierda un solo euro. «Nuestro objetivo es incentivar la implementación de los proyectos y somos los primeros interesados en que todo se resuelva», afirma Abbott.

Los reglamentos de los tres citados fondos contemplan la posibilidad de que Bruselas adelante algunas cantidades para facilitar la puesta en marcha de los programas. Pero el grueso de la cofinanciación comunitaria se abona posteriormente, y contra la presentación de las correspondientes facturas y de los informes sobre el control del gasto, que la normativa comunitaria obliga a ejercer a los Gobiernos nacionales y regionales.

Esos análisis deben presentarse en los dos años siguientes al ejercicio en cuestión, es decir, en el caso del 2007, nunca más tarde del 31 de diciembre del 2009. Pero España ha pedido a Bruselas una prórroga de doce meses que le permitía alargar la ejecución de algunos proyectos. Lo más probable es que Bruselas deniegue esa posibilidad -podría anunciarlo hoy mismo-, y si eso sucede, a Galicia le quedarían entonces seis meses para presentar las aclaraciones que reclama la Comisión, y evitar que ese dinero se pierda para siempre.

Tribunal de Cuentas

Ni la Xunta ni el Gobierno respondieron ayer a las llamadas de La Voz para obtener su versión del problema. Pero lo cierto es que en Bruselas advierten de que la Comisión no puede autorizar los pagos si los informes no demuestran que se han cumplido todos los requisitos legales. «Es una cuestión técnica, no política», recuerda Abbott, quien alerta de que el Tribunal de Cuentas puede reclamar la devolución de cualquier cantidad que no haya sido abonada según establecen las normas. Precisamente, en su último informe de fiscalización sobre la ejecución del presupuesto comunitario, el Tribunal de Cuentas calificó de «ineficaces» y «parcialmente ineficaces» varios de los mecanismos de control de los fondos españoles.