El nuevo concejal de Urbanismo de Gondomar tiene una nave ilegal

GALICIA

El PP premia al tránsfuga del PSOE con el área municipal de mayor peso por apoyar la moción de censura

10 jul 2009 . Actualizado a las 04:08 h.

El nuevo gobierno del concello pontevedrés de Gondomar ha premiado al portavoz de los tránsfugas del PSOE, Alfonso de Lis Fiuza, con una de las responsabilidades de mayor peso en la Administración local. El antiguo líder de los socialistas de Gondomar será el encargado de la concejalía de Urbanismo, a la que se dedicará a jornada completa hasta el final del mandato. De Lis será el principal responsable de que todos los proyectos de obra que se lleven adelante en el concello se ajusten a la legalidad.

Y, sin embargo, este empresario posee una nave industrial levantada sobre suelo rústico en el municipio vecino de Oia, sobre la que pesa una orden de derribo y que ha comenzado a recibir multas coercitivas de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

De Lis levantó junto con sus socios una nave dedicada a la transformación del aluminio en un solar no urbanizable de la parroquia de Santa María de Oia. El anterior alcalde de este municipio, Álvaro Miniño (PP), concedió la licencia municipal a Aluminios Silleiro, a pesar de que en suelos declarados como rústicos es obligatorio un permiso autonómico previo. Un particular presentó una denuncia urbanística que fue archivada pero, en el año 2005, la Consellería de Política Territorial presentó un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento por la concesión de dicho permiso sin contar con su autorización.

El gobierno municipal quiso entonces defender su autonomía local, pero el juzgado le contestó que la diversidad de intereses concurrentes en la ordenación urbanística del territorio hace que esta se constituya en una competencia compartida entre los municipios y la Xunta. La última sentencia del Tribunal Superior de Xustiza, que no ha sido recurrida, data del mes de septiembre del año pasado. Dicho fallo desestima un recurso del Ayuntamiento contra una resolución de la anterior Consellería de Política Territorial que declaró ilegalizables las obras y ordenó su demolición.

La restauración de la legalidad está pendiente desde entonces. El actual alcalde, Alejandro Rodríguez, del PP, trata de retrasar la orden para que la demolición sea una más de todas las que hay pendientes en la provincia: «Son gente trabajadora que crea empleo y no ha venido a Oia a especular».

Un alcalde del PP ha apoyado siempre la obra ilegal de un militante socialista que fue denunciada por una Xunta en manos del PSOE. Es un antecedente de la moción de censura que ha convertido a De Lis en un tránsfuga socialista. Este, por su parte, defiende su empresa porque tiene licencia. El Ayuntamiento tendría que indemnizarle por un permiso mal concedido.