Veinticuatro horas después de que la sindicalista Laura Bugallo, responsable de la Oficina de Inmigración de la CIG, haya salido en libertad, sus compañeros han reaccionado y han pedido «o arquivo inmediato das dilixencias abertas á compañeira», y rechazado rotundamente su retención «durante máis de 48 horas sen acusación real» y por causas que, a juicio de la central sindical, «en ningún caso suporían delito».
El secretario comarcal de la CIG en Compostela, Anxo Noceda, afirmó que el departamento que dirige Bugallo «non pode certificar ningún tipo de documentación, agás a alta de afiliación», por lo que las acusaciones contra la sindicalista por falsedad documental serían infundadas. A este respecto, la Policía Nacional explicó que desde el mes abril se ha venido detectando que varios ciudadanos extranjeros habían aportado documentación «aparentemente alterada y posiblemente falsificada», entre la que constan certificados de empadronamiento, analíticas emitidas por centros médicos o contratos de alquiler de viviendas.
Cuatro detenidos
Por este asunto fueron detenidas cuatro personas, tres de nacionalidad extranjera. Así, a A.?J.?V., de procedencia colombiana y a J.?P.?D.?S., uruguaya, se les imputa un delito de falsedad documental y ya se ha abierto un expediente para su deportación. Por su parte, a D.?N.?E.?M. y a Laura Bugallo, se les imputa, además de falsedad documental, un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal. La policía, que confirmó que han quedado en libertad con cargos, ha intervenido la documentación y el ordenador que Laura Bugallo utilizaba en la oficina.