Un concejal de Lugo admite que el ex jefe provincial de Tráfico le quitó una multa

X. Carreira

GALICIA

La jueza que se encarga de investigar la trama que presuntamente dejaba sin efecto de forma irregular multas de tráfico impuestas en Lugo, decidió continuar manteniendo la imputación al edil responsable de la Policía Local lucense, José Rábade (PSOE). Ayer le tomó declaración durante cinco minutos en relación con una multa que le impusieron por hablar por el móvil y que no pagó. A la salida, el edil reconoció que esa sanción no le llegó porque el ex jefe de Tráfico «decidiu no seu momento aplicarme o artigo correspondente aos corpos e forzas de seguridade do Estado que, en razón do meu traballo, me eximía desa chamada».

Rábade y su abogado destacaron que la citada ley le permite, por razón de su cargo, el hablar por el móvil, entre otras cuestiones, porque «era unha urxencia do meu traballo». El concejal recordó que se ocupa de los bomberos, la Policía Local y también de Protección Civil. Varios expertos jurídicos consultados ayer sobre el particular expresaron que en la citada ley no hay ningún artículo que contemple tal supuesto. Sin embargo, el artículo 18 del Reglamento General de la Circulación prevé que estén exentos de la prohibición de hablar por el móvil «los agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas». Los especialistas consultados dijeron que un concejal no es agente de la autoridad.

La jueza mantiene la imputación, entre otras razones, porque parece que quiere seguir con las investigaciones para tratar de saber si el caso de la multa que le impusieron y que se sobreseyó es un hecho aislado o si, por el contrario, Rábade presuntamente medió para que otras sanciones quedaran sin efecto. Este extremo fue negado categóricamente, a la salida de la declaración, por parte del imputado.

La sanción que llevó a Rábade como imputado al juzgado le fue impuesta el 24 de octubre del 2007. La Guardia Civil le pilló hablando por teléfono cuando conducía un vehículo por la N-VI, en el municipio de Outeiro de Rei. La sanción llevaba implícito el pago de 150 euros y la retirada de tres puntos. El edil no llegó a pagar la multa.

«Estaba disposto a recorrer, cando me chegara a sanción, por razóns obxectivas. Son responsable de servizos de emerxencia no concello e pretendía xustificala dado que se trataba dunha urxencia polo meu traballo», explicó el edil. A José Rábade nunca le llegó tal sanción. «Agora dime a xuíza que o xefe provincial de Tráfico decidiu no seu momento aplicarme o artigo correspondente da lei de corpos y forzas de seguridade do Estado», explicó.

El abogado que asistió al edil, Francisco Fernández Montes, que es el alcalde de Rábade, dijo que tenían pensado solicitar a la jueza que dejase sin efecto la imputación por considerar que el caso que afecta a su cliente «non dá máis de si». «Os feitos obxectivos son os que son, non hai ningún outro», explicó. Incluso dijo que la declaración había sido breve «porque non hai máis preguntas para facer xa que non hai relación con ningún outro caso». Montes señaló que el asunto «non é nada estraño nin que se saia das canles ordinarias, por iso entendo que o sobresemento é claro».

El edil dijo también que le gustaría recalcar «que son un cidadán como todos; non quero eximirme de nada e as miñas sancións administrativas págoas como todo o mundo; a miña maneira de estar na vida política é de absoluta transparencia, de ser rigoroso comigo mesmo como co resto dos cidadáns, que é o que esixen de nós como cargos políticos». Añadió que no dimitirá.