vigo «Estoy cobrando por no hacer nada»

«Llevo dos años cobrando por no hacer nada en el Concello», relata Áurea Soto Lago, funcionaria del Ayuntamiento de Vigo. En el año 2007 fue trasladada desde la Gerencia de Urbanismo a Patrimonio, donde no tiene ni función asignada ni ordenador. Solo una silla y una mesa. Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza obliga al Concello a ejecutar la sentencia y, por tanto, restituirla en su puesto como jefa de grupo de inspectores de la Gerencia de Urbanismo.

La sentencia fue dictada por el alto tribunal gallego el pasado 28 de enero y no ha tenido consecuencias prácticas, por lo que Áurea Soto ha solicitado al juzgado que la ejecute. «Me niego a seguir cobrando sin trabajar», asegura esta funcionaria.

La mujer fue contratada por el Concello de Vigo en el año 1975 y en 1978 se convirtió en funcionaria. Pero los problemas no comenzaron hasta 1991. En esa fecha accede al puesto de jefa de grupo de inspectores de Urbanismo. Ese cargo era ejercido hasta ese momento por otra persona. Pero el ambiente se fue enrareciendo, y el 19 de abril del año 2007 el gerente de Urbanismo y el vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo instaron el traslado de la funcionaria «teniendo en cuenta la situación de conflicto laboral existente en el departamento, como consecuencia de las distintas incidencias surgidas con la señora Soto Lago, delineante adscrita al puesto de trabajo de jefe de grupo de inspección».

El 8 de junio del 2007, el entonces primer teniente de alcalde, José Manuel Figueroa, del Partido Popular, dispuso el traslado de la funcionaria a Patrimonio Histórico.

La Ley 7/2007 establece que las Administraciones públicas pueden trasladar a un funcionario por necesidades de servicio o funcionales. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza deja claro, «a diferencia de lo que sustenta el Concello», que son las necesidades «en el departamento de destino lo que justifica el que sea trasladado un funcionario».

Para respaldar la movilidad laboral, el Concello argumentó en el juzgado de lo contencioso que en el servicio de Patrimonio Histórico se encontraba vacante una plaza como inspector desde el mes de enero del año 2006. Sin embargo, en el juicio, la jefa de Patrimonio Histórico refutó los argumentos de la asesoría jurídica del Concello «en el sentido de que las labores de inspección asignadas ya están siendo desempeñadas por un inspector», por lo que «no consideraba necesaria la adscripción de más personal, por no precisarlo el volumen de trabajo de la oficina».

Sin papel ni bolígrafo

Dicho y hecho. Y como Áurea Soto sobraba: «Me he pasado dos años sin ordenador y sin ni siquiera papel ni bolígrafo. A los quince días de llegar me dieron una mesa y una silla, y únicamente tengo que fichar».

Durante este tiempo, Áurea Soto ha sufrido depresiones profundas. «Soy una persona válida, capacitada y legal», dice la funcionaria, que asegura que «una persona no puede sobrevivir a esta tortura si no tiene tanto apoyo como el que yo he tenido, de mi familia, de mis amigos y de mis compañeros de trabajo, porque muchos funcionarios están conmigo».

El Sindicato Independiente de Funcionarios testificó en su día a favor de esta mujer, que ha salido adelante porque se considera «una persona luchadora».

Cuando se produjo el cambio de gobierno municipal, Áurea Soto fue a hablar con el concejal responsable de Personal, el socialista Carlos López Font. «Después de hablar con él no saqué nada en claro». Esta funcionaria espera que el Ayuntamiento de Vigo la traslade de nuevo a la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde han cambiado algunas personas que trabajaban allí. «Si hay respeto no tiene por qué producirse un nuevo conflicto», advierte.