El Tribunal de la UE condena a España por no definir las cuencas gallegas

J.?O.

GALICIA

Considera que no ha designado las autoridades de gestión tal como exige la directiva del agua

08 may 2009 . Actualizado a las 02:54 h.

El Tribunal de Justicia de la UE ha condenado a España por incumplir la normativa europea sobre gestión del agua al no haber designado correctamente, y de acuerdo con lo que estipulan las leyes comunitarias, a las autoridades de gestión de las cuencas hidrográficas gallegas. El tribunal considera que España también ha vulnerado esas normas en el País Vasco, Andalucía, Baleares y Canarias.

La directiva europea del agua -que data del 2000- obligó a los Estados miembros a definir y delimitar en sus legislaciones antes de diciembre del 2003 las cuencas hidrográficas de su territorio y los organismos encargados de gestionarlas, y a comunicárselo a Bruselas antes de junio del 2004.

En España, las competencias en materia de administración del agua recaen en el Estado, cuando se trata de cuencas que interesan a más de una comunidad o que se comparten con otro Estado miembro; y a los Gobiernos autónomos, en el caso de las costas y de los ríos que nacen, transitan y desembocan dentro de sus límites.

En el 2005, Bruselas abrió expediente a España al considerar que varias autonomías, entre ellas Galicia, no desarrollaron en sus normas esta obligación, y que la delimitación de las cuencas internas y la designación de las autoridades de gestión no respetaban la directiva. Las explicaciones del Gobierno no convencieron a Bruselas, que llevó el caso al Tribunal de la UE.

«En lo que atañe a la designación de las autoridades competentes apropiadas, España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2000/60 por lo que respecta a Galicia», asegura la sentencia.

En Galicia hay tres cuencas: Galicia Costa; Miño-Sil, que incluye parte de Lugo, Ourense y Pontevedra y que comparte con Zamora y León, en Castilla y León; y Cantábrico, que comprende un área de Lugo y afecta también a Asturias, Cantabria y el País Vasco. Las dos últimas están gestionadas por el Estado mediante confederaciones hidrográficas, mientras que la administración de Galicia Costa recae en la Xunta a través de Augas de Galicia.