FRAUDE La firma que trucaba cuentakilómetros responsabiliza del fraude a sus clientes

Rebajar el número de kilómetros registrados en el cuadro de los vehículos no es delito, pero hacerlo y engañar a los compradores de los coches manipulados persiguiendo el lucro derivado de su revalorización en el mercado, es estafa. Este es el clavo ardiendo al que se agarra Johann Grimm, el principal imputado en la operación Trucarro -actualmente en libertad bajo fianza de 25.000 euros-, para derivar las responsabilidades a los talleres y concesionarios que requerían sus servicios de experto en la electrónica del automóvil. La investigación ha podido constatar que los albaranes y facturas que su empresa, Truck and Car Technology Systems, expedía a sus clientes incluían en la letra pequeña una advertencia: «Las modificaciones efectuadas en los vehículos, en determinados casos, se llevaron a cabo por solicitud y a petición del actual propietario. Es obligación del actual propietario informar y advertir al futuro comprador del vehículo de estas modificaciones».

Pero el comprador no era informado, sino engañado. Uno de los muchos casos documentados en la investigación de la Guardia Civil y que figuran en el sumario es el de una coruñesa que adquirió un Peugeot 307 SW del 2004 por 9.900 euros. En el documento de garantía que le entregó la empresa de compraventa sita en Arteixo -cuyo propietario ha sido imputado- figuran 90.000 kilómetros, en correspondencia con el registro del cuadro. Tres meses antes, a finales de enero del 2008, el mismo coche había llegado a Arteixo desde Madrid con 178.976 kilómetros.

Johann Grimm, alemán residente en Teo, de 50 años, declaró ante el juez que cuando su empresa manipulaba un coche podía ser por varios motivos, «unas veces por averías [la Guardia Civil también lo apunta en sus diligencias], otras porque al dueño del vehículo no le gustaban los kilómetros que tenía, pero en estos casos siempre le advertía a los dueños que si vendían el coche tendrían que avisar de esa manipulación». También dijo que dichas alteraciones «casi eran demandadas por todo el mundo».

Roberto L.?C., empleado de Grimm que quedó en libertad bajo fianza de 5.000 euros por tener mayor responsabilidad en el taller que los otros tres operarios, señaló además que también advertían verbalmente a los clientes nuevos que debían avisar al comprador si vendían el coche manipulado. Igualmente, expresó su voluntad de colaborar en la investigación y dijo que incluso informó a sus compañeros que quería dejar de realizar esta actividad. Otro empleado de Truck and Car, Óscar C.?L. -también imputado junto a Manuel E.??P. y Ángel Z.??M.- aportó un nuevo dato, según la transcripción de su declaración judicial: «Sabe que hay más personas que se dedican a esto, un señor en Vigo y otro en Pontevedra. El de Vigo cree que mueve mucho también».