La concesión de la AP-9 se amplió por la rotura del puente de As Pías

M. B.

GALICIA

El Gobierno extendió el plazo hasta el 2048 a cambio de que ENA llevase la autopista a Ferrol

27 abr 2009 . Actualizado a las 02:00 h.

En sus tres decenios de existencia, la vida de la AP-9 como tal, esto es, como vía de pago, ha ido extendiéndose, para desdicha de sus usuarios habituales. El golpe definitivo lo asestó el Gobierno de José María Aznar en febrero del 2000, cuando aprobó la ampliación de la concesión de Audasa desde el 2023 hasta el 2048.

Lo curioso de esta decisión es que tuvo su origen en la rotura del puente de As Pías en enero de 1998, cuando el buque Discoverer Enterprise rompió sus amarras en los astilleros de Astano y acabó empotrándose en el viaducto, abriendo una brecha y dejando aislada la ciudad. A consecuencia de aquel accidente, Fomento decidió encargar a la Empresa Nacional de Autopistas la ampliación de la AP-9 hasta Ferrol, cuando originariamente esta finalizaba en Fene.

El ministerio quería la obra a toda marcha para mejorar las comunicaciones de Ferrol y sin tener que desembolsar un euro, por lo que decidió ampliar la concesión de la autopista. Para ello se hizo un cálculo del coste de esta obra, al que se añadió también el impacto de la supresión del peaje Vigo-Teis. De forma indirecta, pues, Fomento cargó las consecuencias del accidente del Discoverer sobre las carteras de los usuarios habituales de la AP-9.

Tres años después de aquella decisión, el ministerio privatizó ENA, adjudicándosela a Sacyr, que hace solo unos meses llegó a un acuerdo con la multinacional Citi para venderle su filial de autopistas Itinere (matriz de Audasa), en una operación que debería cerrarse definitivamente el mes que viene.

A Citi le corresponderá, por tanto, asumir los retos de futuro que tiene ante sí Audasa. De forma muy especial, la ampliación de carriles en las entradas de la AP-9 en A Coruña y Vigo y en las circunvalaciones de Santiago y Pontevedra, proyectos que, en conjunto, requieren de una inversión superior a los 400 millones de euros.

Esta cantidad representa un escollo muy complejo para la ejecución de estas actuaciones, por cuanto la concesionaria anterior, Sacyr, había dejado claro que ejecutaría las obras si ello no alteraba el equilibrio financiero de la concesión. Esta postura abocaba al Ministerio de Fomento a asumir el grueso de la inversión, algo complejo habida cuenta del delicado momento económico actual. Citi, previsiblemente, mantendrá esta misma posición.

Fomento mantuvo conversaciones con la anterior concesionaria para buscar una solución y ahora ha iniciado una primera toma de contacto con los nuevos gestores de Audasa.

Promesa electoral

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, comprometió en la reciente campaña autonómica fondos para ampliar la circunvalación de Santiago, una obra que los expertos consideran como la más prioritaria debido a que la puesta en servicio de autovías como la de Brión (que desemboca en la AP-9) ha incrementado la densidad del tráfico en este tramo.

Ahora bien, también es cierto que el coste de la ampliación de la autopista en Santiago es sustancialmente inferior a la de Vigo o A Coruña, por lo que se da por seguro que la negociación de la financiación para estos dos proyectos generará más quebraderos de cabeza. Pase lo que pase, lo que ya es un hecho es que el desdoblamiento de Rande, que ya debería estar en marcha de acuerdo con los plazos anunciados por el bipartito, seguirá guardado en el cajón algún tiempo más.