La estafa inmobiliaria de Salvaterra continúa sumando implicados. A José Manuel Grandal y José Carlos Barros, en prisión por la supuesta venta fraudulenta de pisos inexistentes a un centenar de afectados, se han unido ahora sus respectivas parejas y otro socio. Las dos mujeres de los presuntos estafadores, D.?M.?L.?C., natural de Colombia y residente en Vigo, y E.?N.?D.?S., de origen brasileño y residente en Salceda, fueron detenidas junto a M.?P.?A. por supuesto blanqueo de dinero. La acusación recae también sobre los dos principales autores de la trama, que en la actualidad se encuentran en la cárcel de A Lama.
El proceso finaliza la investigación de la Guardia Civil sobre la red operativa que existía con el fin de evitar el alzamiento de bienes de origen ilícito que habrían conseguido con el fraude inmobiliario. Para evitar su congelación, se valieron de terceras personas que actuaron como testaferros.
Para ello, los implicados se servían de sociedades instrumentales que constituían con el fin de adquirir inmuebles y vehículos de alta gama en el extranjero. El movimiento de dinero incluía también el envío de altas cifras de efectivo al extranjero y la apertura de productos financieros a través de terceras personas.
La pareja de Barros y el tercer socio, M.?P.?A., figuraban como socios y administradores únicos de una sociedad a través de la cual uno de los cinco implicados podía transferir a otras personas un gran número de vehículos, algunos de gama alta, para evitar el alzamiento de los mismos.
Vehículos y pisos
La pareja de José Manuel Grandal, Josiño , que abandonó recientemente la prisión, estuvo al frente como socia y administradora única de otras dos empresas que también se dedicaban a blanquear dinero con la adquisición de vehículos e inmuebles. El esfuerzo de la Guardia Civil permitió también rastrear numerosos envíos de dinero que se habrían realizado desde España a Colombia, país de origen de la joven, que residía en Vigo.
Las diligencias realizadas por las últimas detenciones y las imputaciones de los otros dos implicados han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Ponteareas, que es el que lleva el caso.
Las nuevas pesquisas de los agentes de la Guardia Civil consiguen frutos un mes después de las últimas declaraciones de Grandal, que aseguró ser «una víctima más» de la estafa inmobiliaria. Recalcando que solo cumplía con su «labor de comercial», el joven reiteró su inocencia en el caso de la venta de pisos inexistentes o con varios dueños que se habría extendido por toda la Península. Pese a que la mayoría de los afectados están en el área de Salvaterra y la comarca de Vigo, la trama ha salpicado también varias zonas de Levante y Palma de Mallorca.