Los cabecillas de la trama de explotación sexual desarticulada en A Coruña cuentan con diversos negocios más, entre ellos las tiendas de moda Bonita Eres, con establecimientos en las calles Barcelona y Ramón y Cajal, dos de las zonas comerciales más importantes de la ciudad, según confirmaron fuentes del sector.
Miguel Ángel Rodríguez Parga, el empresario y administrador de Gatitas y Etiqueta Negra, las firmas de contactos desarticuladas, figura como responsable de los locales dedicados a la comercialización de ropa.
El individuo fue detenido el miércoles pasado en una calle coruñesa cuando recogía la entrega del sobre de recaudación de los pisos patera, que una encargada le entregaba en mano a primera hora de la mañana diariamente. La policía arrestó a su mujer, la dominicana Mayra Mirquella Castellano Román, en el domicilio familiar, en Abegondo. Horas después, a las 16.30 horas, los agentes entraron en los inmuebles de las calles San Sebastián y San Luis, donde liberaron a las diez esclavas sexuales. En la operación fueron detenidas también a otras cuatro personas que ejercían de encargadas de las casas de citas. Todas ellas ingresaron en prisión sin fianza por decisión de la autoridad judicial.
La investigación se centra ahora en sacar a la luz el patrimonio acumulado gracias a las actividades ilícitas, ya que la policía estima que solo los dos edificios desarticulados proporcionaban unos beneficios anuales de 600.000 euros. Atendiendo solo a los últimos cinco años, fecha en la que se iniciaron los contactos en los pisos patera ahora desarticulados, las ganancias ascenderían a tres millones de euros.
La actividad del proxeneta, no obstante, se remontaría a mucho antes, ya que personas del entorno sostienen que el propio inmueble de la calle San Sebastián -cinco plantas dedicadas íntegramente a la prostitución- ya fue adquirido con el dinero que ingresó en otros dos locales de alterne.
Al parecer, la actividad de Rodríguez Parga se limitaba, básicamente, a recoger diariamente los ingresos generados por las chicas, que recibían el 50% de lo cobrado al cliente, descontadas deudas por alojamiento, viajes, etcétera. La recaudación media era de unos 3.000 euros por jornada, parte de los cuales blanqueaba a través de una supuesta peluquería declarada fiscalmente pero que jamás existió. Las cantidades acumuladas al margen servirían, según se cree, para adquirir propiedades, fondos y realizar inversiones.
La investigación judicial determinará la cuantía de los bienes logrados de forma irregular y el fraude fiscal. Para ello, se cuenta con la documentación hallada en los tres registros policiales realizados en la operación Cascabel -los dos edificios y la casa de Abegondo-, donde se incautaron un ordenador, además de dos datófonos de los que se recuperará información sobre los cobros a través de tarjetas. Además, existen cuadrantes sobre la actividad de cada chica.