El gobierno local de Ares, en la comarca de Ferrol, contrató a un detective para vigilar el desarrollo de una baja de varios meses solicitada por un capataz del área de Obras y Servicios ante las «críticas» y «denuncias» de algunos compañeros señalando que, en ese período, estaba haciendo trabajos fuera del Ayuntamiento. Así lo señaló ayer el alcalde de la villa, el socialista Julio Iglesias, tras haber recibido reproches por ello desde el PP.
Para los populares, el regidor ejerce una «persecución laboral» contra algunos trabajadores. Censuran, además, que en el último pleno Iglesias se negase a dar explicaciones sobre el asunto, cuando las arcas locales pagaron «965 euros por los servicios prestados».
Iglesias, por su parte, indicó que «cuando hay denuncias de otros compañeros que consideran una burla esa baja, solo teníamos dos opciones, o contratar un detective o un notario para certificar si esos hechos eran o no ciertos». Indicó que la vía adoptada es un «recurso» que el grupo de gobierno «consideró oportuno utilizar» y que se encuentra «dentro de la legalidad». Los informes del detective están ya en manos de la alcaldía, que «actuará conforme a ellos y a otros elementos de juicio».