El desalojo del bipartito pondrá en marcha una renovación de cargos políticos en la Administración gallega cuyo alcance traspasará la sala de reuniones del Consello de la Xunta. De entrada, la llegada del nuevo Gobierno del PP implicará la destitución automática de 143 altos cargos actuales, entre los que figuran los 14 miembros del Ejecutivo, 74 directores y secretarios generales y 54 delegados provinciales. La misma tesitura afecta al personal de gabinete, con 184 contratados a dedo que cesarán en sus puestos cuando lo haga el presidente o conselleiro que los nombró.
Además de esas 327 personas, una treintena de gerentes de centros hospitalarios del Sergas serán relevados por el Gobierno entrante. Pero la purga en los cargos de confianza de la Xunta no se detendrá ahí. Otros 235 funcionarios del nivel 30 (subdirectores generales, interventores delegados y asesores jurídicos) son candidatos a engrosar una nómina de ceses que, en función de la criba que aplique el Ejecutivo de Feijoo, podría sobrepasar las 500 personas.
La renovación puede salpicar incluso a parte de los 770 funcionarios que, según los Orzamentos en vigor, integran los niveles 28A y 28B, aunque los relevos en ese grupo son menos probables. En todos los casos, se trata de personal de libre designación, es decir, nombrado con criterios políticos. Aunque la última reforma de la Lei de Función Pública (13/2007) establece que los funcionarios de los niveles 28A y 28B serán nombrados por concurso, la norma no afecta a los 770 que en la actualidad tienen reconocido ese rango. La nómina final de afectados por la mudanza en la Xunta se redondeará con relevos entre los responsables de organismos autónomos, centros de mayores y otros cargos políticos que los Orzamentos impiden cuantificar y que se ocultan en comisiones de servicio y asistencias técnicas. Las mismas dificultades se dan con el personal de gabinete. Aunque las cuentas públicas solo cuantifican 50, los sindicatos han denunciado que el número real de asesores es de 184.
Saldrán más de los que entran
La revolución que la llegada del PP al Gobierno provocará entre el personal empleado en puestos de confianza política supondrá, con todo, un alivio para las arcas autonómicas. La política de austeridad que Feijoo quiere trasladar a la nueva arquitectura de la Xunta debe eliminar de la cúpula del organigrama tres conselleiros y 47 delegaciones provinciales, lo que equivale a 50 de los algo más de 350 cargos del bipartito que cesarán de forma automática. Las propuestas del PP incluyen la supresión del 40% de los altos cargos, un criterio que podría elevar hasta 60 la cifra de puestos eliminados.
El grueso de empleo político se concentra en los puestos de libre designación. Méndez Romeu reveló hace dos años que el bipartito había nombrado a 860 personas para renovar 1.134 plazas de confianza política creadas durante el fraguismo.