El PP reclamó ayer a la Vicepresidencia de la Xunta, que dirige en funciones Anxo Quintana, que paralice con urgencia el proceso «amañado» que puso en marcha en las semanas previas al inicio de la reciente campaña electoral para convertir en fijos más de 300 trabajadores temporales del Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar. El diputado electo Antonio Rodríguez Miranda suscribió las denuncias formuladas por distintos sindicatos y asociaciones de funcionarios de que el proceso vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad, «discriminando aos aspirantes que non estean a traballar no Consorcio», y advirtió de que, en caso de que el bipartito no lo paralice, el Gobierno de Feijoo podría anular las plazas en el futuro por motivos jurídicos, porque «o procedemento non se axusta a dereito».
Rodríguez Miranda criticó las «présas» del bipartito por cerrar esas convocatorias para «deixar todo atado» y asegurar el futuro laboral de esos más de 300 empleados. A modo de prueba de sus tesis, señaló que el plazo para presentar reclamaciones o alegaciones para subsanación de defectos ha sido reducido a 5 días, cuando la Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas establece 10. Recordó también que en la fase de concurso las pruebas puntúan hasta ocho veces más los servicios prestados en el Consorcio que la experiencia en otras Administraciones. En el caso de que esa experiencia laboral tenga como marco una galescola adherida al ente que controla Vicepresidencia, la valoración es de 0,8 puntos, mientras que la de cualquier otra escuela infantil solo puntúa 0,1. Además, Miranda denunció que el Consorcio está reclamando a los concellos que designen «nun só día» a sus representantes en los tribunales de esos procesos selectivos, una premura que Miranda contrastó con la demora en resolver las prestaciones de la ley de dependencia.
En cuanto al acceso a esos más de 300 empleos temporales, el PP admite que algunos entraron por sus méritos, pero considera que la mayoría se beneficiaron «da posible militancia en sectores nacionalistas». Miranda consideró que el Gobierno en funciones carece de legitimidad para continuar las oposiciones y «debe absterse de tomar medidas que afecten ao futuro inmediato da Administración». Emplazó a la Xunta a asumir su interinidad: «Quintana e Touriño deben comprender que o 1 de marzo os galegos decidiron finiquitar os chanchullos laborais do bipartito».