El caso de la madre de A Coruña que la semana pasada reclamó el auxilio de la Fiscalía de Menores para que la ayudaran a controlar a su hijo no es aislado. Ayer, otros padres, una pareja de funcionarios de A Coruña con un problema semejante, pidieron que las Administraciones los ayuden, e instaron a la Xunta a cubrir un vacío, a su juicio existente, en el campo de la atención de menores con problemas disociales. No es la primera vez que estos padres reclaman ayuda pública para poder controlar a un hijo que, según aseguran, no los respeta, anda en pandilla con malas compañías y jóvenes mayores que él y consume cannabis.
«Llevamos más de un año peleando. Hoy por la mañana [por ayer] he vuelto a llamar a la Xunta y a la Fiscalía, pero parece que hay un vacío legal para atender casos de menores disociales como nuestro hijo. Estamos desamparados. No sabemos qué hacer», explica entre sollozos la madre de este otro menor, que, como el del caso conocido la semana pasada, también tiene 16 años.
La solución que le dieron ayer en la Fiscalía, añade, es que ponga una denuncia en la Policía Autonómica. «Pero me reconocieron que el proceso era lento, y entonces la pregunta es de qué me vale que hagan caso cuando cumpla ya 18 años o cuando la policía me llame por teléfono para comunicarme que ha cometido algún delito», se pregunta la madre.
Su problema viene de lejos. Ella y su marido detectaron hace ya tres años que su hijo flirteaba con el cannabis. «Iba a un colegio concertado de A Coruña. Pensamos que podía ser el ambiente. Lo cambiamos a otro centro público, pero fue todavía peor. Lo dejábamos en la puerta de clase, lo vigilábamos un rato, pero volvía a escapar después», comenta la madre.
Fue ya en ese momento cuando por primera vez dieron a conocer el caso a los servicios sociales de la Xunta y a Educación para ver qué podían hacer con su hijo. El menor fue atendido por un psicólogo, pero su actitud no llegó a mejorar, explica la madre. «También pedimos la ayuda del centro Aclad en A Coruña, al que todavía está acudiendo, pero según explica la psicóloga que lo ve, el problema del cannabis ha pasado a un segundo plano. El verdadero problema es la actitud que está adoptando», apunta la madre.
Expulsado del internado
La falta de una respuesta por parte de la Administración, según explican los padres, fue lo que los llevó a internarlo en un colegio privado. «Hicimos un esfuerzo por nuestro hijo, y entre nosotros y los abuelos recaudamos el dinero suficiente para poder llevarlo ese centro, en el que abonamos 1.200 euros al mes. El problema es que ahora lo han expulsado y ya no tenemos opciones. En principio está en casa. Nos dijeron que esperáramos a que pasara Semana Santa, hará los exámenes, pero luego a ver. Tras esto se nos han acabado las opciones», apunta la madre.
Ahora tienen una nueva cita con los servicios sociales a finales de este mes. «En la anterior entrevista nos dijeron que tenía que haber un consenso entre el padre, la madre y el hijo, pero cómo puede haberlo con un chico que no atiende a razones», se preguntan los padres.