Funcionarios de diversas instituciones utilizaron supuestamente la trama que quitaba las multas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo para librarse de sanciones que les había impuesto la Guardia Civil de Tráfico a ellos o alguna amistad. Los investigadores del caso, cuando comenzaron a cruzar datos, se encontraron con que bastantes sanciones sobreseídas por el instructor, después de que alguien manipulase la documentación, correspondían a funcionarios y a coches oficiales.
Entre los empleados públicos que aparecen como beneficiarios de los manejos de la trama hay funcionarios de la Diputación Provincial, del Concello de Lugo y de la Xunta, en concreto de las delegaciones de las consellerías de Cultura y Vicepresidencia, según algunas informaciones.
Peldaño más alto
Todos estos funcionarios estarían en el peldaño más alto de la estructura en la que también se podría encontrar algún empresario y también varios transportistas. En el segundo escalón estarían otros ciudadanos que, bien directamente o a través de algún amigo o conocido, sabían qué hilos debían tocar para que las multas por infracciones graves se fuesen durante el proceso de tramitación al cesto de los papeles.
En ese peldaño superior, que es el que parece que más sorprendió a los investigadores, no solo estarían el subdelegado del Gobierno recién dimitido, que fue citado como imputado, y el jefe provincial de Tráfico, destituido a principios de semana, sino que aparecen alcaldes y concejales.
De acuerdo con algunas informaciones, por ahora son dos los alcaldes que aparecieron en la documentación revisada y cuatro ediles de diversos puntos de la provincia. Supuestamente se vieron beneficiados con la retirada de sanciones o incluso solicitaron que se las quitaran a sus amistades. El engranaje de la trama funcionó perfectamente, a tenor de los expedientes que revisaron los cuatro policías que desde hace casi un año vienen trabajando en la macroinvestigación.
La investigación judicial va a ser tan amplia que solo tendría precedentes, por su envergadura, en la provincia lucense, en el fraude de las pensiones, descubierto a finales de los anos ochenta, o en la operación Muralla, desarrollada hace tres años y que afectó a la Diputación Provincial que entonces presidía Francisco Cacharro.
La jueza que investiga el caso parece dispuesta a tirar del hilo hasta llegar al final de la madeja, y por eso se prevé que el número de imputados llegue al centenar o que incluso supere esa cifra, lo cual no quiere decir que todos vayan a ir al banquillo. Sus declaraciones pueden aportar datos valiosos que permitan saber si hubo dinero a cambio de la retirada de multas u otros beneficios.
Desvinculación
El secretario general del PSOE, José Blanco, precisó ayer que no recuerda haber participado en ninguna comida en la que él y el ya ex subdelegado decidiesen nombrar a Julio González como jefe de Tráfico de Lugo. Blanco también aseguró que no conocía a Julio González, y aún hoy solo lo conoce por los periódicos.