Además de acusar de despotismo empresarial al presidente de Sogama, desde Comisiones Obreras aseguran que el actual consejero delegado tomó represalias contra algunos trabajadores, a los que «obligó a suspender de forma unilateral las vacaciones programadas y a realizar un sistema de guardias para vigilar el vertedero de Areosa».
La versión del sindicato no se parece en nada a la que ofrecen desde la sociedad, donde confirman que cuando comenzaron las investigaciones para dilucidar el vertido al río Lengüelle, el consejero delegado solicitó al entonces jefe del área técnica, Ramón Pérez Mariño, que se incrementasen los controles y las labores de vigilancia en el vertedero, para comprobar si la contaminación procedía de las instalaciones de Sogama.
Según explican, cuatro de los trabajadores requeridos para tal tarea, entre ellos el ex jefe de calidad y medio ambiente, Pedro Alcázar, no solo se negaron a suspender sus vacaciones de Navidad, sino que cogieron la baja por enfermedad común y se reincorporaron al trabajo después de Reyes. Todo ello obligó a contratar una consultora externa para auditar el vertedero.