Los magistrados coruñeses y ourensanos son los que respaldan el paro judicial con más claridad.
15 ene 2009 . Actualizado a las 10:36 h.Los jueces gallegos parecen dispuestos a dar un amplio apoyo a una posible huelga en febrero con el fin de demandar más medios materiales y humanos. En A Coruña y Ourense el respaldo es claro, mientras que en Vigo y Lugo todavía no se han pronunciado. El próximo día 21 se celebrarán juntas para concretar la postura con respecto al paro.
Los magistrados coruñeses, representados por el juez decano, Antonio Fraga Mandián, están más que dispuestos a ir a la huelga. Todavía no lo han dicho de forma explícita, pero es más que seguro que lo harán. Ya en las juntas que celebraron en los últimos tres meses emitieron duros comunicados contra la Administración. Incluso, por unanimidad, en octubre acordaron no señalar y celebrar juicios en los primeros días hábiles de cada mes como medida de presión, protesta que, hasta el momento, cumplieron. Los magistrados querían, según fuentes judiciales, avisar de que estaban dispuestos a parar en febrero si las Administraciones no atendían sus reclamaciones.
Fraga Mandián lo avisaba hace dos meses: «Los jueces buscaremos las soluciones ante la desidia de las autoridades». Culpan a los políticos del colapso judicial, de la falta de medios técnicos y humanos. Los jueces, además, cuentan con el apoyo de funcionarios, abogados y procuradores, que respaldaron las reivindicaciones de los magistrados, agobiados por unos juzgados que reciben más pleitos de los que pueden resolver.
Avalancha de pleitos
En Vigo, el juez decano, Jaime Bardají, todavía no se ha pronunciado sobre la huelga, aunque sí manifestó que está previsto convocar una junta de jueces el día 21 para debatir y, en su caso, secundar el paro del 18 de febrero. Hace cinco días, Bardají, acompañado del decano de los procuradores, Jesús González-Puelles, expresó su preocupación por la falta de medios materiales y personales de los juzgados de lo civil y penal para hacer frente a la avalancha de pleitos que ha generado la crisis económica. Sin embargo, no se pronunció respecto al paro. En noviembre, la junta de jueces de Vigo suspendió los juicios para reunirse y solidarizarse encubiertamente con los secretarios, que mantuvieron una huelga de tres horas por las sanciones del caso Mari Luz. Poco después, la junta reclamó más medios a Justicia. En una línea similar se manifestaron los jueces de Lugo, que aprovecharon la protesta de los secretarios para exponer sus carencias, tanto materiales como humanas. El día 21 también abordarán la cuestión en una junta.
«Hartazgo». Así definen los jueces ourensanos la situación en la que se encuentran desde hace años «por el deterioro de la profesión», que podría llevarlos a secundar una huelga en caso de que el Gobierno se niegue a negociar mejoras laborales y salariales. El decano de los magistrados ourensanos y presidente gallego de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio Piña, aseguraba ayer que está previsto que los togados se reúnan el próximo día 21 en una asamblea en la que debatirán dos posiciones de partida. La primera de ellas, apoyada por parte de los magistrados, sería la de secundar la huelga del 18 de febrero. La segunda de las opciones que se debatirán en Ourense sería crear una hoja de ruta de movilizaciones que derivaría, en caso de que el Gobierno no diera ningún paso, en una huelga a celebrar el 26 de junio. «No estamos por la huelga, pero esa será nuestra última reivindicación si ni siquiera se sientan las bases de una negociación», aseguró Antonio Piña.