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FIN DE LA INSTRUCCIÓN JUDICIAL El Estado defiende en su informe judicial final el alejamiento del «Prestige»

Los servicios jurídicos gubernamentales concluyen que la gestión se hizo con «rapidez y eficacia»

Pide el sobreseimiento de la causa contra el único ex alto cargo acusado

Autor:
Pablo González
Fecha de publicación:

La Abogacía del Estado aceptó el envite de la jueza del caso Prestige para mostrar sus cartas de cara al final de la instrucción del sumario y, en un minucioso informe de 93 folios presentado en el juzgado la semana pasada, reclama el sobreseimiento de la acusación contra José Luis López Sors, ex director general de la Marina Mercante y único ex alto cargo de la Administración del PP que sigue imputado en la causa. Los servicios jurídicos del Estado, dependientes del actual ministro de Justicia, no solo se limitan a sustentar jurídicamente la solicitud de un auto de sobreseimiento que evitaría que López Sors se sentara en el banquillo, sino que defienden la gestión global del accidente que en aquel momento llevaba a cabo el Gobierno de José María Aznar.

Así, consideran que la prioridad del Gobierno a partir del mayday del 13 de noviembre del 2002 fue el salvamento de la tripulación y la protección de la costa y que «las primeras actuaciones que se llevaron a cabo ponen de manifiesto la rapidez y la eficacia ejemplares con las que reaccionó la Administración española frente al siniestro». Destacan, por ejemplo, que en solo dos horas se evacuó a los 24 tripulantes del petrolero.

Defender la gestión de López Sors como máxima autoridad marítima nacional en el momento del accidente implica defender la decisión de alejar el barco, una orden que, según los abogados del Estado, no se toma el día 13, sino a partir de las dos de la tarde del día 14. Esta decisión se basó en el riesgo que corría «la riqueza económica y medioambiental de la ría, el grave daño estructural del buque, el voluminoso y continuo derrame de fuel, la valoración técnica de otras alternativas, la legalidad vigente, los protocolos establecidos, los precedentes de otros siniestros, las estrategias de lucha contra la contaminación y la ausencia de objeciones o propuestas de los sujetos afectados». «No fue, por tanto, una resolución precipitada e irreflexiva -concluyen-, sino una decisión adoptada desde el análisis y la ponderación de las circunstancias concurrentes».

Este diagnóstico de la Administración española estaría refrendado por las distintas pruebas aportadas durante la instrucción judicial que ahora concluye, como la declaración del directivo de la armadora del Prestige , Georgios Alevizos, que fue consciente desde el primer momento del daño estructural del buque y que confirmó que los dueños del barco ni siquiera se habían planteado solicitar refugio a pesar de lo declarado por el capitán Mangouras.

Daño estructural

Los dos informes periciales encargados por el juzgado también avalarían este daño estructural que impediría refugiar el barco según la Ley de Puertos del Estado, así como otros cinco informes aportados a la causa. Todas estas pericias concluyen que la decisión de alejar el buque no habría agravado el daño inicial y una de ellas, la del capitán Fernández Hermida, ve factible el trasvase en Corcubión, aunque la Abogacía del Estado considera que esta opción no se razona suficientemente.

En definitiva, no habría otra opción que el alejamiento para un buque con riesgo de hundimiento, con la estructura dañada, que vertía grandes cantidades de fuel y cuyos dueños no proponían una alternativa factible. La opción del refugio solo sería viable si se dieran dos circunstancias «que en este caso estaban muy lejos de concurrir: que el 14 de noviembre el Prestige era un buque en buen estado y que apenas se había producido un insignificante vertido de fuel al mar», concluye el informe.

 

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