El negocio sobre ruedas de la concesión de la AP-9 no se agota en la recaudación de las cabinas de peaje. Audasa también suma en sus resultados los ingresos millonarios presupuestados por las Administraciones en compensación por rebajas o retirada de peajes en itinerarios puntuales. A la indemnización que la empresa recibe anualmente de la Xunta y de Fomento por el acuerdo para levantar las cabinas en los trayectos O Morrazo-Vigo y A Coruña-A Barcala, que en el 2009 rondará los 7 millones de euros, se añade una aportación anual del ministerio que supera los 8 millones de euros por aplicar un recorte del 7% en las tarifas de cinco recorridos de la autopista, una rebaja que el Gobierno de Aznar decretó en 1999.
La concesionaria ha ingresado por esa vía más de 60 millones de euros en los últimos ocho ejercicios. La retribución corresponde al descuento vigente desde entonces en los trayectos Pontevedra-Vilaboa, Pontevedra-O Morrazo, Pontevedra-Vigo, O Morrazo-Vigo y Rande Vigo, con arreglo a las condiciones establecidas en el Real Decreto 165/2000. La asignación figura puntualmente en los Presupuestos del Estado. En los del 2009, Fomento solo detalla la compensación por los acuerdos de Rande y A Barcala (5,1 millones). La indemnización a Audasa por el recorte tarifario de 1999 forma parte de un paquete global de 122 millones que distribuirá entre las concesionarias que lo aplican en España. Con todo, la compensación para la gestora de la AP-9 supera desde el 2004 los 8 millones.
Gestión deficiente
La comunidad más beneficiada en el reparto de esos 122 millones para abaratar peajes será Cataluña. Si se mantiene la proporción de los últimos ejercicios, a Galicia le corresponderá alrededor del 10%. Pero ese dinero solo favorece a Audasa. A diferencia de lo que sucede en Cataluña, cuyo Gobierno obtiene más de 17 millones al año de las arcas del Estado para sus autopistas, la Xunta no ve un euro de Fomento por la gestión de sus vías de pago. De nuevo, ese aparente agravio oculta una gestión deficiente del Ejecutivo gallego, que en su día no negoció con el de Aznar ninguna compensación para rebajar peajes en las autopistas A Coruña-Carballo (AG-55) y Puxeiros-Val Miñor (AG-57). Así, la inyección para financiar peajes queda en Galicia en manos privadas.
En cuanto a la financiación de la gratuidad selectiva en Rande y A Barcala, que Fomento y la Xunta pagan al 50%, las cuentas del Estado y las de Galicia asignan partidas dispares. En las estatales, el ministerio reserva 5,1 millones, y en las de la Xunta, 3,5. Así, la compensación oscilará entre 7 y 10 millones. Con la venta de la AP-9, esas indemnizaciones, y los más de 140 millones de peajes, engrosarán cuentas bancarias de EE.?UU.