Arteixo y Sanxenxo encabezan la ofensiva contra la iniciativa que prevé construir 45.000 viviendas hasta el 2017
11 dic 2008 . Actualizado a las 02:03 h.Apagados ya los ecos de las fuertes críticas con las que recibieron los alcaldes las Normas do Hábitat Galego, que desembocaron en la presentación de un recurso judicial por parte de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) que todavía está pendiente de resolución, la gestión de la Consellería de Vivenda vuelve a convertirse en un frente de ataque político por parte de regidores del PSOE y del PP. A menos de tres meses para las elecciones autonómicas de marzo, un grupo de concellos han encontrado en el plan sectorial de vivienda protegida que impulsa el departamento que dirige la nacionalista Teresa Táboas otro punto de controversia. Aunque el plan establece la construcción en plena crisis de 45.000 pisos de precio tasado en 57 municipios hasta el 2017, no contenta a todos.
La principal oposición al programa, que concentra su previsión edificatoria en las grandes ciudades y sus áreas de influencia, reside en concellos de tamaño medio, como Arteixo (con alcaldesa del PSOE), Oleiros (independiente), Sanxenxo, O Grove, Poio y A Estrada (los cuatro gobernados por el PP). En muchos casos, detrás del rechazo municipal está el temor de los vecinos que son propietarios de suelos localizados en un plan sectorial que afecta a 8,7 millones de metros cuadrados.
Consciente de esas reticencias, Vivenda está incidiendo en la explicación de un programa que, subraya, no implicará la expropiación de ninguna vivienda que quede dentro el ámbito seleccionado, ya que «todas as bolsas de solo teñen suficiente superficie para que non sexa preciso expropiar». El objetivo de la consellería es adquirir todo el suelo de mutuo acuerdo, «ben por compra, ben por permutas de solo bruto por solo urbanizado, co único requisito de que se destine a vivenda de prezo limitado ou incluso para a autopromoción de vivenda unifamiliar no mesmo ámbito».
Vivenda relaciona la contestación al plan con la propalación de argumentos falsos sobre la creación de guetos, como en el caso de Arteixo, y con una «estratexia de desinformación deliberada», que advierte en concellos gobernados por el PP.