El Juzgado de Primera Instancia de Trives ha llamado a declarar a los cuatro concejales de la localidad ourensana que en el año 2006 aprobaron la recalificación del solar que antiguamente ocupaba la biblioteca municipal para que se pudieran construir viviendas en él. El juzgado ha pedido al Concello de Trives que le facilite los nombres de esos cuatro ediles, todos ellos del PP, para imputarles un delito de prevaricación urbanística.
El alcalde, Luis Álvarez, que ya está imputado por este asunto, aclaró ayer que los concejales afectados son Constantino Martínez, Isauro Pérez, María del Carmen Barja y Pío Domínguez.
Los hechos a los que se refiere el caso tienen que ver con la antigua biblioteca municipal de Trives. Trasladado el servicio, el inmueble se quedó sin uso y el Concello de Trives decidió cambiar la calificación urbanística del solar de dotacional a urbanizable. Esa resolución se tomó en el año 2003 y tres años después se acordó la venta de la parcela a Construcciones Rodrigo para levantar un edificio de tres alturas para viviendas.
Las obras estuvieron envueltas en polémica desde el principio porque el solar donde se ubicaba la biblioteca es anexo al colegio trivés. El hecho de que el edificio en obras tuviera luces abiertas hacia el patio y de que se instalase una grúa de construcción en su interior provocó las quejas de la asociación de padres.
La Consellería de Educación tomó cartas en el asunto y ordenó la paralización del proyecto. Urbanismo también optó por anular la licencia de obras otorgada al constructor, pero el alcalde no atendió ambos requerimientos y las obras continuaron hasta que, tras las elecciones, cambió el gobierno municipal.
Relación con la moción
Antes de la renovación de la corporación, un anónimo enviado a la Fiscalía llevó el asunto a los juzgados, pero el caso fue desestimado. El nuevo alcalde, el independiente Francisco José Fernández Blanco, ordenó parar las obras y volvió a presentar una denuncia cuando asumió el cargo.
Sin embargo, una moción de censura impulsada por el PP con el apoyo de dos tránsfugas del PSOE devolvió a Luis Álvarez la alcaldía y este autorizó la reanudación de las obras. A pesar de todo, la denuncia presentada por el ex alcalde independiente -que ahora relaciona su censura con intereses urbanísticos- fue atendida por la Fiscalía, que es la que ha solicitado ahora la imputación de los ediles.