El «fallo humano» que impidió controlar el GPS del maltratador y presunto homicida pontevedrés Maximino Couto Durán, tal y como admitieron ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, llevará al Gobierno a revisar la seguridad de las maltratadas.
Ese es el compromiso de Pérez Rubalcaba, quien señaló que «se mejorará el protocolo de vigilancia y el funcionamiento técnico del GPS», para evitar casos como el de este preso que acabó con la vida de su novia, María del Rosario Peso, y acuchilló a otras tres personas durante un permiso penitenciario.
En la misma línea se pronunció la responsable de Instituciones Penitenciarias, el organismo desde el que se produjo el supuesto fallo humano, sobre el que «todavía no se ha cerrado la investigación», precisó Gallizo. El ministerio parece estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Ayer trascendió que Prisiones tomará declaración al funcionario de la Unidad Central de Vigilancia Electrónica, en Madrid, que no detectó la alarma del dispositivo de Maximino Couto y si se constata que hubo negligencia, habrá sanción.
Tanto Gallizo como Rubalcaba sostienen que el presunto homicida de Rosario Peso se quitó el GPS a las 16.36 horas del sábado, día 29, generando una alarma que se recogió inmediatamente en el monitor, en el que se pudo leer en rojo que el interno se había arrancado el emisor-receptor. El mensaje quedó así hasta que se resolvió la incidencia.
Durante este tiempo, Couto fue al domicilio de su ex mujer con el ánimo de acabar con su vida y entró en casa de los dos vecinos de Mourente, a los que apuñaló en varias ocasiones.
El ministro matizó que el sistema tiene dos alarmas: la primera se activa cuando se penetra en el círculo de seguridad -de dos kilómetros con respecto al domicilio de Herminia Buceta-, y la segunda, cuando el preso se quita la pulsera. «En este caso -explicó- el interno pudo entrar en el círculo prohibido sin que el funcionario responsable se percatara de ello».
Por su parte, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, explicó que el Gobierno está trabajando en la elección de un modelo distinto de dispositivo electrónico para garantizar el alejamiento del agresor respecto de la víctima. El Consejo de Ministros del 21 de noviembre aprobó una inversión de 5 millones para ponerlo en marcha en el 2009. Solo en Pontevedra y A Coruña 133 presos de distinto grado llevan pulseras de localización; en el caso de la primera provincia, 77, de las que 4 son de A Lama, y el resto del Centro de Integración Social (CIS) de Vigo.