El ex alcalde de Gondomar afronta una petición de cárcel por dar 38 licencias con el PXOM anulado
GALICIA
El ex alcalde de Gondomar Carlos Silva Mariño (PP) aseguró ayer ante el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo que todas las licencias que concedió durante el anterior mandato municipal estaban avaladas por informes técnicos favorables.
El Ministerio Fiscal ha acusado al antiguo regidor del PP y a los otros cinco miembros que formaban parte de la comisión de gobierno de la anterior corporación de un delito continuado de prevaricación urbanística por haber concedido permisos de obra con un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) anulado por las instancias judiciales.
La fiscala pide para cada uno de ellos un año y medio de cárcel y una inhabilitación para poder ser miembros de la corporación por un espacio de diez años. Concretamente se les acusa de haber concedido un total de 38 autorizaciones irregulares desde el mes de noviembre del año 2005, fecha de un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que suspendía definitivamente el Plan Xeral, y hasta dos meses después, cuando recapacitaron y decidieron paralizar la concesión de licencias.
Los acusados se sometieron durante la primera jornada al interrogatorio de la fiscala y hoy lo harán como testigos técnicos municipales que informaron favorablemente de las polémicas licencias, así como el actual alcalde, el nacionalista Antonio Araúxo Quintas.
Advertencias
Carlos Silva reiteró que nunca concedieron licencias con informes negativos, pero no supo dar una respuesta cuando la representante del Ministerio Fiscal le preguntó por las advertencias que en dos ocasiones había formulado la secretaria municipal sobre los problemas que conllevaría la aplicación de un PXOM que podía ser definitivamente anulado.
El Plan Xeral que la corporación municipal aprobó en 1997 fue suspendido por una sentencia del TSXG en noviembre del 2001, que fue confirmada por otra del Tribunal Supremo el 22 de febrero del 2005.
El pleno del Ayuntamiento aprobó el 10 de mayo del 2005 introducir rectificaciones en tres aspectos que se consideraban afectados por la resolución judicial. La Consellería de Política Territorial impugnó días después dicho acuerdo y finalmente el Tribunal Superior emitió un auto anulando aquel acuerdo plenario. El gobierno de entonces, en lugar de comenzar la tramitación de un nuevo Plan Xeral, se embarcó en la tarea de encargar la defensa de su polémico planeamiento.
Las autoridades locales llegaron a contratar hasta tres despachos de abogados diferentes para mantener el documento en vigor. El ex alcalde no supo precisar ayer, ante una pregunta de la fiscala, el dinero invertido de las arcas municipales en informes jurídicos externos.
El gobierno municipal perdió todos los recursos que fue presentando para continuar otorgando licencias conforme al PXOM de 1997. La resolución definitiva fue notificada al Concello de Gondomar el 30 de noviembre del 2005, pero la comisión de gobierno continuó otorgando licencias hasta el 17 de enero del 2006.
El grupo municipal del BNG puso el caso en conocimiento de la Fiscalía, que formuló una querella criminal contra el antiguo regidor y los miembros de la anterior comisión de gobierno. Carlos Silva es el actual portavoz del PP en la oposición de Gondomar, y de los otros cinco acusados solo uno permanece en la corporación municipal.
Los ex concejales recordaron ayer con vaguedad la crisis urbanística que ha vivido Gondomar y reconocieron ante el juez que votaron a favor de las licencias por los informes favorables.