El centro de menores de Amorebieta (Vizcaya) no es una balsa de aceite, pero poco le falta. En esta institución situada a dos kilómetros de esta población vizcaína y que cuenta con buenas y amplias instalaciones, no se produjeron denuncias por malos tratos, como en Zabaltzen. Pero uno de sus internos sí ratifica que conoce el envío de uno de sus compañeros a Galicia.
«Uno de los que se marcharon me comentó antes de irse que un educador le preguntó si quería irse a otro centro, en A Coruña, y que le iba a pagar el viaje. Y se fue a los pocos días», relata. Dice eso como también admite lo que sostienen las instituciones vascas, que hubo otros que se fugaron.
Personal de este centro, que imparte cursos de todo tipo a sus internos en la misma institución, niegan con rotundidad que ninguno de los que allí trabajan enviasen a internos a A Coruña para paliar problemas de masificación.
La convivencia ha mejorado en los dos últimos años, según reconocen dos de los jóvenes extranjeros, que recuerdan que en el 2006 cuatro chicos provocaron en el caserío un incendio que causó importantes daños en dos dependencias anexas al edificio central, arrasó dieciséis camas y también pertenencias de los chavales. No hubo heridos.
Las investigaciones terminaron por asegurar que el móvil del sabotaje fue «el descontento de los jóvenes» al tener que abandonar el centro tras haber cumplido la mayoría de edad.
Agresiones a monitores
Hubo un antes y un después en el centro a raíz de aquellos hechos. Mejoró la convivencia. No puede decirse lo mismo del centro de Vitoria. Cuando la Fiscalía de la Audiencia Provincial obligó a realizar una reforma bajo amenaza de cierre, no solo se cambiaron ladrillos, también al equipo de trabajadores. Los que habían antes habían presentado entre enero y junio un total de 49 denuncias por agresión a manos de los internos. Entonces, llegaron unos nuevos y las agresiones descendieron tajantemente. O no. Según los internos, son ellos ahora los golpeados.
Aquellas agresiones ya fueron detectadas e incluidas en el acta de inspección que la Fiscalía levantó el pasado 6 de junio, cuando visitó por sorpresa las instalaciones de Zabaltzen. En aquel documento, de dos páginas, se alertaba de «un importante aumento» de expedientes «generalmente derivados de agresiones y amenazas a los educadores».
Las medidas sancionadoras que se impusieron a los chavales iban desde trabajos en beneficio de la comunidad a una situación de libertad vigilada.